El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dado luz verde este viernes a una resolución en la que reclama a Teherán que respete, proteja y cumpla sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos y adopte “todas las medidas necesarias para detener e impedir ejecuciones extrajudiciales”.
El documento, que ha salido adelante con 25 votos favorables, siete en contra y 14 abstenciones, también insta a impulsar “todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para garantizar que nadie sea condenado a muerte o ejecutado por delitos que no alcancen el umbral de los más graves”, y a asegurar que las condenas sean “dictadas por tribunales competentes” tras “procedimientos que respeten las garantías de un juicio justo”.
La resolución “deplora profundamente la situación de los Derechos Humanos en Irán, especialmente la violenta represión de las protestas pacíficas que causó la muerte de miles de personas, incluidos niños, y un gran número de heridos, así como la detención y encarcelamiento arbitrario de miles de personas en relación con las protestas nacionales que comenzaron el 28 de diciembre de 2025”.
El texto reclama igualmente la adopción de medidas para poner fin a las desapariciones forzadas, la violencia sexual, las detenciones y encarcelamientos arbitrarios, la reclusión en régimen de incomunicación y la tortura, así como otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, “incluso contra manifestantes pacíficos”.
Además, “hace un llamamiento al Gobierno de la República Islámica del Irán para que ponga fin a la intimidación y el hostigamiento selectivos de las víctimas, los supervivientes y sus familias y garantice su acceso a la verdad, la justicia y la reparación, incluidas las reparaciones; de conformidad con las garantías de un juicio justo en virtud del Derecho Internacional”.
En el ámbito digital, el Consejo reclama a las autoridades iraníes que restablezcan “de inmediato y por completo el acceso a Internet” y recalca “la importancia de mantener en todo el país un acceso a Internet libre, abierto, interoperable, fiable y seguro, ya que contribuye a las libertades de opinión, expresión y reunión”.
El texto también “exhorta al Gobierno de Irán a crear un entorno seguro y propicio para la sociedad civil, defensores de Derechos Humanos, periodistas y trabajadores de medios, garantizando y defendiendo el derecho a la libertad de opinión y expresión, tanto online como no online, y a poner fin a la persistente discriminación contra las mujeres y las niñas”.
Por último, la resolución amplía por dos años adicionales el mandato de la misión internacional independiente de investigación sobre Irán y le solicita “que realice una investigación urgente sobre las denuncias de graves violaciones y abusos de Derechos Humanos, recientes y actuales, y los delitos perpetrados en relación con las protestas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025”.