El Consejo de Estado de Francia ha desestimado una demanda presentada por varias ONG de Derechos Humanos contra el acuerdo suscrito en julio entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, que prevé el intercambio de migrantes bajo una proporción de “uno a uno”.
El alto tribunal administrativo francés ha concluido que el texto del pacto “no contiene ninguna estipulación que difiera de las disposiciones legislativas existentes” y que, además, no invade ámbitos “reservadas” a la Constitución.
En la misma línea, la corte ha indicado que el acuerdo no precisa de ratificación parlamentaria, tal y como reclamaban las organizaciones recurrentes. “Ninguna de las demás estipulaciones del acuerdo invocadas por los demandantes intervenía en una materia reservada por la Constitución al legislador”, ha señalado en una nota oficial.
Asimismo, ha sostenido que “las estipulaciones del acuerdo de julio de 2025 que imponen a Francia una obligación de readmisión se limitan a permitir la entrada en Francia de extranjeros, sin regular las condiciones de ejercicio de sus derechos o libertades de valor constitucional”.
El texto establece “un principio de equivalencia entre el número de readmisiones a Francia y el número de admisiones legales a Reino Unido”, de modo que, mientras esté en vigor, regirá el principio de “uno entra uno sale”.
En la práctica, los migrantes que alcanzan las costas británicas en patera son arrestados y posteriormente enviados de vuelta a Francia. Por cada persona retornada, se autoriza el acceso de un solicitante de asilo a territorio francés “por una ruta segura, controlada y legal sujeta a estrictos controles de seguridad”.
Ambos gobiernos afirmaron en su momento que emplearán “todas las herramientas” disponibles “para combatir el tráfico de personas, la trata de personas y la delincuencia organizada relacionada con la inmigración”.