El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha desestimado por improcedente e infundada la demanda de “habeas corpus” registrada por la defensa del expresidente Pedro Castillo, con la que se pretendía su salida provisional de prisión para someterse a una intervención de corazón y el cambio de la prisión preventiva por un régimen de arresto domiciliario.
Según la resolución, difundida por la agencia Andina, el TC ha declarado improcedente la acción y ha considerado infundado el recurso al concluir que no ha quedado acreditada la vulneración de los derechos fundamentales a la salud ni a recibir un trato razonable y proporcional en relación con las condiciones en las que el exmandatario cumple actualmente su detención.
La petición se apoyaba en un informe médico y en la historia clínica del exjefe de Estado, documentos con los que se alegaba la necesidad de una operación quirúrgica, en el marco de los procesos penales que afronta por presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad, colusión simple, organización criminal y otros cargos asociados.
En la demanda se planteaba igualmente que Castillo Terrones fuese derivado a un hospital especializado y que, tras la cirugía, pasara a cumplir la medida cautelar en su domicilio, bajo vigilancia de personal sanitario y al cuidado de sus familiares.
Además, la defensa del exmandatario solicitó el reconocimiento de una indemnización en caso de que se produjera su fallecimiento o un deterioro de su estado de salud mientras permanezca recluido.
La decisión del TC se conoce después de que el Congreso peruano fracasara a comienzos de este mes en su intento de aprobar la inhabilitación por diez años del expresidente y de otros implicados en la trama autogolpista de finales de 2022, apenas una semana después de que Castillo fuera sentenciado a once años de prisión por delitos de rebelión vinculados a aquellos acontecimientos.
Castillo continúa en prisión preventiva por acusaciones de rebelión y abuso de autoridad a raíz del fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Ese decreto, que no obtuvo respaldo alguno, desembocó en que el Parlamento apoyara una moción de censura en su contra.
Su etapa en el poder reflejó la inestabilidad crónica de la política peruana, evidenciada en los cinco gabinetes —con más de 70 ministros— que nombró en apenas 16 meses. Incapaz de proporcionar estabilidad y rumbo al país, tuvo que lidiar con un Congreso abiertamente enfrentado y terminó perdiendo incluso el apoyo de su propia formación, Perú Libre.