El Ejército de Líbano ha pasado a controlar más de 160 emplazamientos militares en el sur del país desde la firma en noviembre de 2024 del acuerdo de alto el fuego con Israel. Así lo ha confirmado la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), que respalda sobre el terreno este despliegue en un contexto marcado por la inestabilidad derivada de los repetidos ataques israelíes.
“La FINUL sigue apoyando al Ejército de Líbano mientras se redespliega en el sur de Líbano. Su despliegue en 165 posiciones desde el Acuerdo de Cese de Hostilidades es un paso importante para fortalecer la autoridad estatal y mejorar la seguridad de las comunidades del sur”, ha señalado la misión internacional.
En el mismo mensaje difundido en redes sociales, la FINUL ha subrayado que “este progreso se fundamenta en una estrecha coordinación sobre el terreno y en los esfuerzos constantes para crear un entorno más estable, de conformidad con la resolución 1701 (del Consejo de Seguridad de la ONU)”, base del actual acuerdo de alto el fuego entre las partes.
El pronunciamiento de la misión de paz se ha hecho público después de que el Ejército libanés ordenara el martes “reforzar” un puesto militar en el sur del país tras un nuevo ataque israelí y “responder al fuego” desde esa posición, en plena escalada de tensión en la frontera por las operaciones militares de Israel.
En los últimos meses, Israel ha llevado a cabo decenas de bombardeos sobre territorio libanés pese al alto el fuego sellado en noviembre de 2024, alegando que sus acciones se dirigen contra objetivos del partido-milicia chií Hezbolá y que, por tanto, no vulnera el acuerdo. No obstante, tanto el Gobierno de Beirut como la propia organización chií han criticado con dureza estos ataques, que también han sido objeto de condena por parte de Naciones Unidas.
El pacto de alto el fuego establecía la retirada de las fuerzas de Israel y de Hezbolá del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí mantiene todavía cinco posiciones en territorio libanés, una presencia que ha sido rechazada por las autoridades del país y por el grupo chií, que reclaman el desmantelamiento completo de estos puestos.