La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha puesto en marcha desde este miércoles y hasta nuevo aviso su primer paro armado de 2026 en el departamento de Chocó, en el oeste de Colombia, en rechazo a la “complicidad” que atribuye a los grupos paramilitares y a las fuerzas de seguridad del Estado.
El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN señala directamente la connivencia entre unidades del Ejército y el jefe del Clan del Golfo en la zona, Pablo Antonio Borja, alias “Piernas Limpias”, al que responsabiliza de este nuevo paro armado. La medida se extiende por la región de Bajo Baudó, que comprende los ríos Ocampadó, Ijuá y Orpúa.
Según el ELN, hace una semana hombres del Clan del Golfo bajo el mando de “Piernas Limpias” cruzaron los ríos Ocampadó e Ijuá con la “complicidad” de efectivos militares, a los que acusan de actuar en la zona contra las comunidades locales en “clara alianza” con el Clan del Golfo.
“Decretamos paro armado indefinido (...) en los ríos anteriormente mencionados para evitar accidentes porque es difícil identificar las embarcaciones personal civil o del grupo paramilitar”, ha anunciado la guerrilla, justificando así la restricción al tránsito fluvial en estos corredores.
Aunque se trata del primer paro armado declarado en Chocó desde el inicio de 2026, el departamento arrastra desde hace años una fuerte confrontación entre la guerrilla y otros actores armados por el dominio del territorio y de las rutas del narcotráfico, especialmente en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó.
Estos choques han provocado ya miles de desplazamientos forzados, con especial impacto en Bajo Baudó. La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, ha denunciado en redes sociales este “nuevo constreñimiento ilegal” anunciado por el ELN, que en la víspera atacó una comisaría en la localidad de Santa Rita.
“Este es el tercer ataque consecutivo que sufre este municipio, y se suma a otros casos como el de San José de Palmar. En este momento instalamos consejo de seguridad, con presencia de todas las fuerzas y el ministerio público, para abordar este complejo panorama en el orden público departamental”, ha señalado la mandataria regional.
El anuncio de este paro armado se produce tres meses después del declarado en diciembre, convocado entonces en respuesta a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Colombia, tras la detención a comienzos de ese mes de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.
Aquel paro armado, que se prolongó durante 72 horas, dejó al menos cinco fallecidos y tuvo impacto en alrededor de una quincena de departamentos, con ataques armados, bloqueos de vías, detonaciones, intimidaciones y restricciones a la movilidad de la población civil.