El decreto que proclama el estado de conmoción exterior en Venezuela incorpora una orden de búsqueda y captura inmediata contra cualquier individuo que difunda, respalde o promueva el ataque ejecutado por las fuerzas armadas estadounidenses contra el país el pasado 3 de enero, operación en la que fue detenido el presidente Nicolás Maduro.
“Los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República”, señala el decreto, con fecha del 3 de enero y difundido oficialmente este lunes.
Las personas arrestadas en aplicación de este artículo serán puestas a disposición del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con el objetivo de su enjuiciamiento “con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa”.
La norma, con vigencia inicial de 90 días y posibilidad de prorrogarse por otros 90, contempla igualmente el incremento de los patrullajes y de las medidas de seguridad en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, junto con la militarización de la red de servicios públicos, de la industria petrolera “y demás industrias básicas del Estado”.
El estado de conmoción otorga además facultades extraordinarias al jefe del Estado —Delcy Rodríguez, en este momento—, entre ellas la suspensión del derecho de reunión y manifestación.
El texto habilita también a Rodríguez a ordenar la requisa de bienes considerados necesarios para la defensa nacional, limitar el acceso al territorio o proceder al cierre de fronteras.
Asimismo, confiere a la presidenta encargada la potestad de “restringir el libre tránsito de personas o vehículos de cualquier clase o tipo en el territorio nacional”, “dictar otras regulaciones excepcionales y transitorias que resulten necesarias para repeler cualquier amenaza o acción hostil exterior y restablecer el orden interno y proteger los derechos de la población” y “cualquier otra medida que fuera necesaria para proteger al pueblo venezolano, la integridad del territorio y la soberanía venezolana”.
El decreto deberá enviarse a la Asamblea Nacional en un plazo máximo de ocho días desde su emisión “para para su consideración y aprobación”, según establece el propio documento.