El que fuera fiscal especial del caso Lava Jato en Perú, José Domingo Pérez, ha comunicado que asumirá la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, condenado a once años y medio de prisión por su intento fallido de autogolpe en diciembre de 2022 y sometido, además, a otro proceso por presunta corrupción.
“Asumo esta defensa con el objetivo de buscar la libertad del presidente Pedro Castillo. Haremos la resistencia legal para lograrlo desde el ámbito judicial y, por ello, llevo el mensaje de que es un presidente secuestrado, camino a su libertad”, ha anunciado Pérez a las puertas del penal de Barbadillo.
En un vídeo difundido en redes sociales, Pérez ha recalcado que el procedimiento contra Castillo “ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales porque se le ha privado de la libertad al hijo del pueblo (...) sin permitirle el ejercicio de una defensa de libre elección, con jueces parcializados que tenían ya la condena anticipada”.
El exfiscal ha planteado que su decisión de defender a Castillo está ligada también a las supuestas anomalías atribuidas a “toda la mafia que gobierna las instituciones” y de las que afirma ser igualmente “víctima”.
“En principio estoy en el juzgamiento que conllevó a esta injusta condena, en los siguientes días vamos a hacer el apersonamiento en relación a los demás casos que tiene. El objetivo es lograr la libertad”, ha señalado, aludiendo al otro expediente en el que se investiga a Castillo por corrupción y presunta jefatura de una organización criminal.
En fechas recientes, la Justicia peruana acordó prolongar por doce meses adicionales la prisión preventiva del exmandatario dentro de esta causa, en la que se le atribuye el liderazgo de una red dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicar contratos de obras públicas desde los ministerios de Vivienda y Transportes.
Pérez fue durante años la cara más visible de la investigación contra la líder opositora y varias veces candidata presidencial Keiko Fujimori por la presunta financiación ilícita de sus campañas con aportes de la constructora brasileña Odebrecht, implicada en numerosos escándalos de corrupción en América Latina.
Antes de ello, consiguió una condena de 20 años de prisión contra el expresidente Alejandro Toledo por delitos de corrupción y blanqueo de capitales y participó asimismo en la acusación contra el también exjefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski.
No obstante, a comienzos del año pasado fue apartado del caso Fujimori por supuestas irregularidades en la investigación y, finalmente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió no ratificarle en su cargo como fiscal anticorrupción.