La defensa del exguerrillero Galvarino Apablaza, antiguo dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ha solicitado este lunes la intervención del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas para que requiera de forma cautelar la suspensión de su entrega desde Argentina a Chile, alegando un “riesgo de evidente de sufrir tortura y penas crueles” en su país.
“Se puede inferir que su extradición responde a cuestiones políticas y que, eventualmente, cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso”, ha señalado su abogado, Rodolfo Yanzón, en un escrito de 11 páginas citado por la emisora chilena T13.
La representación legal sostiene que se produciría un “daño irreparable” por “las condiciones a las que sería sometido en caso de ser extraditado”, subrayando la “avanzada” edad del reclamado y su “delicado estado de salud”.
En la petición se reclama que se examinen “las condiciones en que se encontraría en caso de ser devuelto a su país de origen conforme los términos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura”, y que se tenga en cuenta “la persecución política que lo afecta en Chile desde el mismo momento del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende”.
Asimismo, la defensa recalca que su condición de refugiado “no está en firme”, dado que existe un recurso pendiente, y sostiene que las autoridades chilenas deberían formular una nueva solicitud de extradición, ya que el procedimiento iniciado en 2004 se considera concluido.
Apablaza, imputado por el asesinato del senador conservador Jaime Guzmán en 1991, obtuvo asilo político en Argentina durante el Gobierno de Cristina Fernández. Posteriormente, el presidente Mauricio Macri le retiró ese amparo, aunque los abogados del exguerrillero consiguieron encadenar varios recursos para mantener vigente la protección.
Desde entonces, el expediente de extradición había quedado en suspenso. El pasado 16 de febrero, un tribunal de apelaciones argentino decidió retirarle definitivamente el estatus de asilado, fallo celebrado por el entonces presidente electo chileno, José Antonio Kast, quien militó en la Unión Democrática Independiente (UDI), el mismo partido de Guzmán, hasta 2016.
Para el Estado chileno, la entrega del exmilitante de izquierda ha tenido durante décadas un marcado carácter político e institucional. Las autoridades le responsabilizan no solo del asesinato del senador, sino también del secuestro de Cristián Edwards, hijo del fallecido propietario del diario “El Mercurio”.