El expresidente de Bolivia Luis Arce, encarcelado desde diciembre por un supuesto desvío de fondos, ha denunciado desde una cárcel de La Paz que ha sido víctima de “tortura psicológica” y de un “secuestro al margen de la ley”. En una carta pública, se define como “preso político” del gobierno encabezado por Rodrigo Paz.
En la misiva, con fecha del 31 de marzo y difundida este lunes en sus redes sociales, sostiene que en los últimos meses ha sufrido vulneraciones de principios esenciales recogidos en la Constitución boliviana y en tratados internacionales de Derechos Humanos, entre ellos “el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la defensa material y técnica, a la tutela judicial efectiva, así como las garantías de imparcialidad, legalidad y seguridad jurídica”.
Arce recuerda que fue arrestado el 10 de diciembre “sin que existiera una orden legal”, lo que califica de “un acto arbitrario que solo puede calificarse como un secuestro al margen de la ley”. Subraya que, tras concluir su mandato, optó por permanecer en Bolivia y que, pese a haber expresado públicamente su disposición a responder ante la Justicia, nunca recibió “notificación ni citación previa” sobre el proceso abierto en su contra.
El exmandatario reprocha que “todas” las peticiones de su defensa dentro de la causa han sido rechazadas, incluso la práctica de “exámenes médicos requeridos por un cardiólogo, poniendo en riesgo (su) salud y (su) integridad física”.
Relata también que pasó las primeras noches en prisión en un espacio “que carecía de las condiciones mínimas de habitabilidad y (donde) cada hora durante toda la noche ingresaban de manera abrupta para tomarme fotografías”, algo que describe como “una forma de tortura psicológica”.
Además, asegura que este domingo “se procedió a allanar mi domicilio, prosiguiendo con acciones orientadas a darme muerte civil y política”. Se pregunta “Qué más se estarán inventando, qué más sembrarán en mi contra. Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo boliviano”, y reclama a las autoridades que “actúen en estricto apego a la Constitución (...) y cesen los mecanismos de persecución política, mediática e institucional orientados a desacreditar, restringir y menoscabar derechos fundamentales”.
El texto está dirigido a la ciudadanía boliviana, a la comunidad internacional, a organismos de Derechos Humanos y a “instituciones democráticas”. En él exige “el debido proceso, el respeto a las leyes, la objetividad de jueces y fiscales sin presiones políticas ni instrucciones por parte del gobierno en todos los procesos políticos que se han abierto a diferentes servidores públicos de mi gobierno y al mío propio”.
Para Arce, “Lo que se está haciendo no sólo es venganza, sino también excusa para ocultar la incapacidad y la corrupción de un gobierno que le miente al pueblo boliviano”. El exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS) está investigado por el presunto desvío de capitales del Fondo Indígena durante su etapa como ministro de Economía, entre 2006 y 2017.