El Ejecutivo peruano encabezado por el presidente en funciones, José Jerí, ha emitido un decreto de urgencia que abre la puerta a la privatización de la petrolera pública Petroperú. La norma, orientada a la reorganización patrimonial de la compañía, se ha difundido en el diario oficial apenas dos horas antes de la llegada de 2026.
El Decreto de Urgencia Número 010-2025 autoriza la incorporación de capital privado en distintos bloques patrimoniales de la empresa, incluyendo activos considerados estratégicos, entre ellos la Nueva Refinería de Talara.
El texto legal otorga a ProInversión la responsabilidad del diseño, conducción y ejecución completa del proceso para integrar a Petroperú en el marco del Decreto Legislativo Número 674, que establece el régimen para la promoción de la inversión privada en empresas estatales.
Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 de la Ley Número 28244, que mantenía a Petroperú al margen de ciertas modalidades de promoción de la inversión privada. Con ello se elimina uno de los principales obstáculos jurídicos que bloqueaban este tipo de operaciones sobre la petrolera.
Fondo millonario para la reducción de plantilla
La disposición contempla una partida de 240 millones de soles (unos 60,8 millones de euros) destinada a indemnizaciones por despido de trabajadores, dentro del proceso de reestructuración orgánica previsto para la compañía estatal.
Desde la coalición sindical de Petroperú han denunciado que este decreto de urgencia "descuartiza" a Petroperú. "Jerí prefirió el negocio de la privatización antes que defender la seguridad y soberanía energética del Perú", han criticado.
En la misma línea, los sindicatos sostienen que "Petroperú no es una empresa quebrada. Es una empresa golpeada por malas decisiones, interferencias políticas y una campaña mediática orquestada para justificar su desmantelamiento. La Refinería de Talara es una infraestructura moderna y estratégica que el país no puede darse el lujo de perder ni entregar a intereses ajenos al interés nacional", según un comunicado difundido tras conocerse la medida.
Por su parte, el Gobierno defiende que el objetivo del decreto es "garantizar la seguridad energética del país y evitar un eventual desabastecimiento de combustibles", con especial atención a regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde Petroperú concentra más del 85 por ciento del mercado de combustibles.
José Jerí asumió como presidente en funciones y mantendrá el cargo hasta julio de 2026, fecha en la que están previstas nuevas elecciones. Llegó al puesto tras relevar a Dina Boluarte, quien fue presidenta desde diciembre de 2022 después del intento de autogolpe del entonces mandatario Pedro Castillo, hoy en prisión y último jefe de Estado elegido en las urnas. Tanto Boluarte como Jerí afrontan actualmente diversas investigaciones judiciales en curso.