El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha salido este miércoles a desmentir el supuesto caso de espionaje mediante el programa Pegasus denunciado el día anterior por el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco. Ha insistido en que ese software dejó de emplearse en 2022 y que el responsable de Justicia “Ha sido víctima de información falsa”.
“Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa o desde cualquier fuerza, hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”, ha recalcado Sánchez durante una comparecencia ante los medios de comunicación, descartando que exista una operación de vigilancia desde su cartera.
El ministro ha detallado que el sistema Pegasus “estuvo en Colombia entre 2021 y 2022”, pero que desde entonces “se dejó de utilizar”. Ha recordado que el propio presidente Gustavo Petro ya había advertido, tras su llegada a Casa Nariño, de que ese software se utilizó durante el mandato de su predecesor, el expresidente Iván Duque.
En ese sentido, ha reiterado que “No está siendo utilizado por la fuerza pública” y que “nosotros no utilizamos ese tipo de software”, remarcando que cualquier operación de estas características debe contar previamente con una orden judicial y ajustarse de forma estricta al debido proceso.
El ministro de Justicia había denunciado que él y su familia fueron objeto de espionaje desde el interior del Ministerio de Defensa, como represalia por sus indagaciones sobre presuntos casos de corrupción en las Fuerzas Armadas, iniciadas cuando ejercía como secretario de Transparencia.
Franco, que asumió la cartera de Justicia en octubre de 2025, investigó posibles conexiones entre altos mandos militares y grupos armados como las disidencias de “Iván Mordisco”, la guerrilla del ELN y otras estructuras criminales, así como el eventual desvío de armamento.
La denuncia de Franco constituye el primer señalamiento de este tipo del que se tiene registro desde las escuchas ilegales que el ya disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) llevó a cabo contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).