El recuento especial de votos en Honduras avanza con lentitud y en un clima de fuerte tensión política, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya revisado hasta ahora 652 de las cerca de 2.800 actas con inconsistencias, de las cuales 48 han sido puestas en cero. Esta situación ha disparado las alertas sobre posibles delitos electorales, cuando se cumplen casi 20 días desde la celebración de las elecciones presidenciales en el país.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, ha detallado que, “al día de hoy, con 652 actas procesadas en escrutinio especial, hay 48 actas puestas en cero”, un dato que ha encendido la polémica pública sobre la legalidad de las decisiones adoptadas por las juntas escrutadoras y la transparencia del proceso.
Hall ha subrayado que los integrantes de las juntas de escrutinio especial “han sido postulados por los partidos políticos y no son empleados del CNE”, de modo que las formaciones que los propusieron asumen la responsabilidad política de sus actuaciones. Aun así, ha recalcado que, en caso de que se configure un delito electoral, “la responsabilidad penal será personalísima”, según ha escrito en una publicación en X.
La responsable del CNE ha alertado igualmente de que “consignar votos en cero cuando existen papeletas válidas dentro de la maleta electoral” puede “constituir delito electoral”, al implicar la anulación de sufragios emitidos de forma válida y el desconocimiento de “actas originales, hojas de incidencia y papeletas retornadas”.
En esa línea, ha remarcado que “el compromiso es y debe ser uno solo: defender la voluntad popular”, llamando a todos los actores del proceso a no “jugar” con la democracia, ya que esta “es la salida”.
Frente a estas advertencias, el candidato del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, ha reclamado —amparándose en la Ley Electoral— que cada ciudadano firme el cuadernillo correspondiente y reciba el sello de “votó”. A su juicio, si el número de firmas no coincide con los votos consignados en el acta, “no hay forma de comprobar que el número de votantes del acta es real, pues no hay prueba”.
Nasralla ha destacado la vigilancia permanente del proceso, en el que “además de las cámaras de televisión, los escrutadores han sido vigilados por fiscales”, y ha recordado que permitir “la suma de votos no sustentados por el cuadernillo está tipificado como delito” en el Código Penal hondureño. “Así que nadie tiene miedo de seguir aplicando la ley para que se cumpla la voluntad de ocho millones de hondureños”, ha añadido.
El aspirante liberal ha indicado que aún quedan por abrir 2.141 urnas y que se han detectado 8.845 urnas con inconsistencias de diversa índole. Por ello, ha exigido que, una vez concluido el escrutinio especial y a la vista de las irregularidades encontradas, “deben abrirse de inmediato las 8.845 urnas” en las que el PLH ha señalado errores.
“Lucharemos hasta que se cumpla la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas y se cuenten voto por voto las 2.100 urnas que faltan del proceso y las 8.845 urnas que tienen inconsistencias (y) cuyos argumentos legales y pruebas han sido presentadas en tiempo y forma al CNE antes del 15 de diciembre”, ha asegurado Nasralla en otra publicación en la misma red social.
Este nuevo intercambio de acusaciones y advertencias se produce un día después de que el Consejo Nacional Electoral de Honduras iniciara el escrutinio de cerca de 2.800 actas con inconsistencias. Hasta este jueves, el recuento general se situaba en el 99,80 por ciento y, según los datos difundidos por el diario ‘El Heraldo’ y la emisora HRN, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, obtendría el 40,54 por ciento de los votos, por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,20 por ciento.
El escrutinio se realiza en el Centro Logístico Electoral (CLE), habilitado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en Tegucigalpa, capital de Honduras, y cuenta con la presencia de observadores tanto nacionales como internacionales.