La defensa jurídica del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, procesado en un tribunal de Nueva York por presuntos delitos vinculados al narcotráfico, ha pedido este jueves a un juez federal que archive el procedimiento en su contra debido a los obstáculos de la Administración de Donald Trump para que el Gobierno venezolano asuma el coste de su representación legal.
La solicitud ha sido presentada por el abogado Barry Pollack en un escrito judicial difundido por “The Washington Post”, remitido un día después de que informara al magistrado sobre la actuación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro. Según expone, este organismo se ha negado a conceder una licencia que flexibilice las sanciones impuestas al país caribeño y permita a Caracas sufragar la defensa del mandatario, pese al levantamiento de restricciones que se está aplicando en otros sectores, en particular el energético.
En la misma moción registrada ante un tribunal federal de Manhattan, Pollack sostiene que “Maduro, quien carece de fondos propios para contratar a un abogado, está siendo privado de su derecho constitucional a un abogado de su elección”, y reclama al juez federal de distrito Alvin Hellerstein que desestime el caso.
El representante legal del dirigente capturado por Estados Unidos reitera así los argumentos que ya había esgrimido la víspera en una carta dirigida al juez Hellerstein, en la que denunciaba la negativa de la OFAC a permitir que el Ejecutivo venezolano abonara las costas legales de Maduro, a pesar de que sí lo ha autorizado en el caso de su también capturada esposa, Cilia Flores, y de que, según recuerda, así lo prevé la legislación venezolana.
Pollack explica que el organismo del Tesoro llegó inicialmente a conceder licencias tanto a Maduro como a Flores, pero en el caso del presidente venezolano la autorización fue modificada menos de tres horas después, dejando en vigor una versión alterada que ya no permite al Gobierno de Venezuela pagar los gastos de su defensa.
Por este motivo, y en coherencia con sus alegaciones de este viernes, el abogado insiste en que “la OFAC está interfiriendo con la capacidad de Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, conforme a la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección”, resaltando además la diferencia con las licencias que la oficina ha emitido en las últimas semanas para que ciudadanos estadounidenses puedan efectuar operaciones comerciales con el Gobierno venezolano o con empresas estatales del país.
Nicolás Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero durante una incursión militar de Estados Unidos que dejó más de un centenar de muertos. Tras la operación, el mandatario y la primera dama fueron trasladados y encarcelados en Nueva York. El presidente venezolano, acusado de cargos de narcotráfico, se declaró no culpable ante un tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores de Venezuela ha reclamado en los últimos días la liberación de ambos. En ese contexto, el ministro Yván Gil ha defendido a Maduro como “presidente constitucional” del país.