El presidente de transición de Madagascar, Michael Randrianirina, ha hecho público el nombramiento como primer ministro de Mamitiana Rajaonarison, hasta ahora máximo responsable del organismo anticorrupción del país, apenas unos días después de destituir en bloque al anterior Gobierno malgache.
El dirigente, que asumió el poder tras el golpe de Estado de octubre de 2025, ha indicado que Rajaonarison asume "muchos deberes y responsabilidades, incluida la formación cuanto antes del nuevo Gobierno", de acuerdo con un comunicado difundido por la Presidencia de Madagascar en sus redes sociales.
"Depende de usted y del nuevo Gobierno aplicar las políticas gubernamentales. Tanto yo como el pueblo malgache exigimos resultados rápidos y precisos", ha subrayado Randrianirina, remarcando además que uno de los motivos para su elección ha sido su "honestidad" y su "valentía".
El presidente de transición no ha aclarado por el momento los motivos concretos que le llevaron la semana pasada a destituir al entonces primer ministro, Herintsalama Rajaonarivelo, y al resto del Ejecutivo, en el marco de lo que ha descrito como un proceso de "refundación" del país tras la asonada que desalojó del cargo al presidente electo, Andry Rajoelina.
La salida forzosa de Rajoelina —que rechaza reconocer la legitimidad de los últimos acontecimientos y sostiene que continúa siendo el presidente malgache— se produjo después de que el nuevo mandatario, al frente de una unidad de élite de las Fuerzas Armadas denominada Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT), se alineara con las protestas antigubernamentales tras la represión de las manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad.
Rajoelina, que había logrado renovar su mandato en las disputadas elecciones de 2023, se encuentra en paradero desconocido —tras las informaciones sobre su evacuación en un avión francés— en un contexto de grave crisis política en el país, marcado por varios golpes de Estado desde la independencia de Francia en 1960 y por unos disturbios recientes que evidencian un profundo malestar social por la gestión del Gobierno, las dificultades de acceso a los servicios básicos y la corrupción extendida.