El Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo armado activo en el este de República Democrática del Congo (RDC), ha denunciado este viernes la muerte de seis personas y “varios heridos” en una ofensiva que atribuye a las Fuerzas Armadas congoleñas, pese a la existencia de un acuerdo destinado a frenar las hostilidades.
El portavoz de la Alianza del Río Congo (AFC, formación política vinculada al M23), Lawrence Kanyuka, ha señalado en su cuenta de la red social X que “drones de combate del régimen de Kinshasa han bombardeado indiscriminadamente el centro de Masisi, en plena población civil”.
La protesta del M23 se produce después de que el Ejecutivo de Kinshasa acusara a Ruanda, aliado de la insurgencia, de ser responsable de la muerte de 1.500 civiles desde comienzos de diciembre, coincidiendo con la nueva ofensiva lanzada días después de sellar un alto el fuego en la región, y de denunciar la “continua ocupación ilegal de su territorio por parte de las tropas ruandesas”.
En respuesta, AFC/M23 ha “rechazado categóricamente” estas acusaciones, que califica de “propaganda y manipulación de la opinión pública, destinadas a desviar la atención de la propia responsabilidad del régimen de Kinshasa en las ofensivas militares llevadas a cabo en flagrante violación del alto el fuego”.
En un comunicado difundido durante la jornada, el grupo sostiene que “en realidad, el régimen de Kinshasa se aprovecha de la retirada de nuestras fuerzas reocupando las zonas afectadas y transformándolas en bases operativas para lanzar ofensivas repetidas y a gran escala contra nuestras posiciones, así como contra zonas civiles densamente pobladas”.
El texto añade que las cifras divulgadas por el Gobierno “no se basan en fuentes creíbles ni verificables”, sino que “forman parte de una estrategia consolidada destinada a atribuir sistemáticamente crímenes y violaciones graves a otros, mientras que el propio régimen los comete”.
En paralelo, y a raíz de la suspensión del portavoz del Ejército congoleño por declaraciones consideradas “estigmatizantes” contra la minoría tutsi, los rebeldes han advertido a la opinión pública nacional e internacional “de la existencia de un riesgo real e inminente de genocidio contra los tutsis congoleños” y de “la difusión deliberada de discursos de odio”.
Según el comunicado, Kinshasa “continúa librando una guerra destructiva, destrozando familias y llevando a cabo una campaña de exterminio contra las poblaciones del este de República Democrática del Congo, en particular contra los tutsis. Ninguna propaganda puede ocultar los hechos ni absolver al régimen de Kinshasa de su responsabilidad directa por los crímenes, el desplazamiento forzado de población y el colapso de la seguridad”.
El actual repunte de la tensión se produce pese a que el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y su homólogo ruandés, Paul Kagame, suscribieron el 4 de diciembre, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un acuerdo de “paz” negociado durante medio año, bautizado como ‘Acuerdos de Washington’, con el objetivo de cerrar “décadas de violencia y derramamiento de sangre”.
Desde entonces, tanto el Ejército de RDC como el M23 se han acusado mutuamente de vulnerar el alto el fuego y han reclamado la intervención de los mediadores ante el temor a una nueva escalada de gran intensidad similar a la de finales de 2024, cuando la ofensiva rebelde permitió al grupo hacerse con el control de las capitales y de parte de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur.