El Movimiento 23 de Marzo (M23) ha acusado este miércoles a las Fuerzas Armadas de República Democrática del Congo (RDC) de haber puesto en marcha una “ofensiva a gran escala” en la zona oriental del país, pese al alto el fuego vigente, e incluyendo ataques contra “zonas densamente pobladas”.
En un comunicado difundido en sus cuentas oficiales en redes sociales, el grupo rebelde sostiene que “el régimen Kinshasa cruzó un nuevo umbral de violencia al lanzar una ofensiva a gran escala”, asegurando que en estas operaciones se están utilizando drones y “artillería pesada” contra sus posiciones y contra áreas civiles, “en una clara violación del Derecho Humanitario”.
Según el M23, los bombardeos se han producido en las últimas horas en Rutigita, Kitazungura y Rugezi, dentro de los territorios de Minembwe y Kalehe, y habrían provocado víctimas mortales y un amplio desplazamiento de habitantes, “alimentando una crisis humanitaria extremadamente grave”.
El presidente del movimiento, Bertrand Bisimwa, describe lo que ocurre como “una operación coordinada y extensa que prueba que se ha optado por la vía militar”. A su juicio, “no podemos si no observar con profunda preocupación la ausencia, en este momento, de cualquier iniciativa clara y visible dirigida a lograr el cese inmediato de esta ofensiva gubernamental”.
Bisimwa reprocha además la falta de reacción internacional: “No hay condenas públicas ni quejas perceptibles para evitar un riesgo de escalada. Este silencio contrasta con la rapidez de las reacciones cuando nuestro movimiento se ve forzado a ejercer el derecho a la legítima defensa frente a ataques directos”, ha señalado, mientras que el Ejército congoleño y las milicias que lo respaldan no han comentado hasta ahora estas acusaciones.
El martes, el M23 ya había denunciado una serie de ataques por parte de Kinshasa, que calificó como “una violación de sus compromisos” y describió como “una ofensiva total” en toda la línea de frente. “Estos continuos ataques criminales demuestran inequívocamente el deseo del régimen Kinshasa de sembrar el terror, el caos y la muerte entre la población civiles”, argumentó entonces la formación armada.
En ese contexto, el grupo responsabilizó al Ejército de RDC de ataques con drones contra la ciudad de Rubaya, “sembrando el terror y masacrando a civiles inocentes”. “Este acto bárbaro constituye un crimen contra la humanidad y un crimen de guerra”, remachó el M23, compuesto mayoritariamente por tutsis congoleños y respaldado por Ruanda.
El movimiento no ha querido pronunciarse, por el momento, sobre las informaciones publicadas por algunos medios locales que apuntan a la posible muerte de su portavoz de operaciones militares, Willy Ngoma, quien habría perdido la vida en uno de los mencionados ataques con drones contra Rubaya.
El 13 de febrero, el Gobierno congoleño anunció que aceptaba la nueva propuesta de alto el fuego planteada por el presidente de Angola, Joao Lourenço, que debía entrar en vigor el 18 de febrero como paso previo hacia un cese “efectivo, controlado y duradero” de las hostilidades con el M23. La organización rebelde reaccionó con escepticismo y acusó a Kinshasa de incumplir de forma reiterada los acuerdos alcanzados anteriormente.
Lourenço ejerce desde hace meses como mediador con el objetivo de cerrar un acuerdo de paz definitivo entre la RDC y el M23, apoyado por Ruanda. A comienzos de febrero, las partes sellaron en Qatar un pacto para establecer un mecanismo de supervisión del alto el fuego ya en vigor, que prevé el despliegue de una misión de la Misión de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO) en la ciudad de Uvira.
El M23 comunicó el pasado 18 de enero que retiraba la totalidad de sus efectivos de Uvira, urbe que había tomado el año anterior y de la que anunció una primera retirada como gesto de buena voluntad hacia las conversaciones internacionales para tratar de cerrar el conflicto en el este del país. Desde entonces, el grupo ha acusado al Ejército congoleño de cometer abusos en esta localidad.
El grupo rebelde se hizo en 2025 con el control de amplias zonas de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus capitales, Goma y Bukavu, en el marco de una ofensiva que elevó la tensión entre Kinshasa y Kigali y dio lugar después a un proceso de diálogo para frenar la extensión del conflicto en toda la región.