El enfoque salvadoreño de mano dura contra el crimen organizado, impulsado por el presidente Nayib Bukele, ha comenzado a traspasar fronteras y a consolidarse en Centroamérica como referencia para hacer frente a la violencia y la inseguridad. El ejemplo más reciente es la puesta en marcha en Costa Rica de una prisión de nueva generación, muy similar al controvertido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño, al que Estados Unidos ha enviado a integrantes de maras y estructuras criminales a cambio de pagos al país.
Bukele participó junto al presidente costarricense, Rodrigo Chaves, en el acto simbólico de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), un complejo de más de 31.000 metros cuadrados situado en la provincia de Alajuela. Este recinto estará destinado a recluir a cabecillas del crimen organizado, internos de alta peligrosidad y personas con procesos de extradición pendientes.
La prisión, formada por cinco módulos de alojamiento con capacidad para 5.100 internos, toma como referencia el CECOT salvadoreño, una megacárcel con espacio para unos 40.000 reclusos cuestionada por organizaciones de Derechos Humanos por denuncias de abusos, torturas y violencia sexual. El proyecto ha supuesto para el Estado costarricense un desembolso cercano a los 21.000 millones de colones.
La presencia de Bukele en la inauguración ha generado un clima de tensión política, ya que se produce en plena campaña para las elecciones generales del 1 de febrero. En este contexto, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desestimó un recurso que pretendía impedir la entrada del mandatario salvadoreño por supuesta injerencia electoral, aunque recordó que, según la Convención de Viena, los representantes extranjeros no deben “inmiscuirse en los asuntos internos” del país.
La proyección regional del modelo CECOT
Aunque existen otros centros penitenciarios de máxima seguridad con regímenes de aislamiento estrictos, el CECOT destaca por su enorme capacidad y por su propósito específico: concentrar a miles de pandilleros vinculados a grupos como la Mara Salvatrucha (MS13) o Barrio 18, detenidos bajo el polémico estado de excepción en El Salvador.
Especialistas en Derechos Humanos sostienen que las condiciones en el CECOT serían “presuntamente inhumanas, contrarias a las normas internacionales”, con “personas detenidas hacinadas en jaulas, sin artículos de primera necesidad, como colchones, y sin atención médica adecuada”. A pesar de estas críticas, varios países de Centroamérica y de América Latina han mostrado interés en replicar este tipo de megacárcel.
En Ecuador, el presidente Daniel Noboa ordenó en noviembre de 2025 el traslado de cientos de reclusos de alta peligrosidad a la cárcel de Santa Elena, en la provincia costera del mismo nombre. En Perú, el Ejecutivo de José Jerí habilitó un pabellón de máxima seguridad en el penal Ancón I, al norte de Lima, para aislar a los jefes del crimen organizado siguiendo la estela salvadoreña.
De forma similar, en Honduras, la presidenta Xiomara Castro anunció la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), con capacidad para 20.000 internos, tras declarar la emergencia en seguridad con el objetivo de frenar el crimen, la extorsión y el narcotráfico.
En Guatemala, el Gobierno de Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio después de una oleada de ataques y motines en distintas prisiones vinculados a la pandilla Barrio 18. No obstante, en el país persisten dudas sobre la conveniencia de aplicar políticas de mano dura sin abordar causas estructurales como la exclusión social.
Este giro hacia respuestas centradas en el encarcelamiento masivo se ha visto reforzado por el cambio en la política migratoria de Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Su Administración ha lanzado una amplia campaña de detenciones de inmigrantes en situación irregular y ha dejado claro, en su nueva estrategia exterior, que aspira a controlar el “hemisferio occidental”.
Sobrepoblación y críticas al proyecto de Costa Rica
El acercamiento del Gobierno de Chaves a la línea dura de Bukele ha generado fricciones con la oposición costarricense. El candidato presidencial Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), respalda la construcción de nuevas prisiones ante el incremento de la densidad carcelaria, pero rechaza el relato político en torno a una megacárcel como solución central.
Ramos ha insistido en la necesidad de priorizar la prevención y la educación, además de reforzar la presencia policial en el territorio. Otros sectores opositores, como el Partido Liberal, sostienen que levantar un CECOT adaptado a la realidad costarricense responde a un “show electoral” destinado a apuntalar la campaña de la candidata oficialista, Laura Fernández, que parte como favorita en los comicios.
Chaves, por su parte, reprocha a la oposición no plantear medidas contundentes frente al repunte de la violencia, en un contexto de aumento sostenido de los homicidios desde 2020. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en 2025 se registraron 876 asesinatos, en su mayoría cometidos con armas de fuego y relacionados con ajustes de cuentas, lo que supone una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes.
El subdirector del OIJ, Michael Soto, alertó a comienzos de enero de que 589 de las víctimas de homicidio en 2025 tenían entre 18 y 39 años, y que se contabilizaron 50 menores asesinados. “Si Costa Rica quiere solucionar sus problemas de criminalidad, tiene que invertir en policía, pero también en el tema del desarrollo humano”, subrayó, reclamando fortalecer el sistema educativo y los programas de prevención.
Dentro del propio Ejecutivo también han surgido voces críticas. El viceministro de Justicia, Nils Ching Vargas, ha advertido de que la nueva infraestructura no resolverá el hacinamiento, ya que solo podría albergar a 1 de cada 10 personas privadas de libertad en el país.
Un informe reciente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) calcula que la capacidad real del sistema penitenciario costarricense es de 13.666 plazas, frente a las 17.692 personas actualmente recluidas. Además, la mayoría de las cárceles tienen entre 20 y 25 años de antigüedad, lo que agrava los problemas estructurales.
La Contraloría General de la República (CGR), dirigida por Marta Acosta, advirtió en agosto de que no había tenido acceso al expediente completo del proyecto y de que más del 50% de los fondos destinados a la obra procedían de recortes en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) que afectaban a becas, vivienda social y ayudas a familias en situación de pobreza.
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes han denunciado, además, que estos ajustes presupuestarios repercuten en la emisión de documentos y pasaportes, así como en programas de regularización y atención a colectivos vulnerables.
Chaves, que en repetidas ocasiones ha acusado al sistema judicial de “proteger” a los delincuentes, sostiene que la donación de los planos del CECOT por parte de El Salvador ha permitido al Estado ahorrar entre 1.800 y 2.000 millones de colones en el diseño del CACCO. El nuevo centro se construye, con un presupuesto público extraordinario, en los terrenos de la antigua cárcel La Reforma.