El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha denunciado que alrededor de 100.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en la región de Catatumbo, en el noreste de Colombia, tras un año de una nueva escalada del conflicto territorial entre las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que también ha provocado decenas de fallecidos.
“La población vive con el temor constante al reclutamiento forzoso, los artefactos explosivos, los asesinatos selectivos y las amenazas de muerte”, ha denunciado la ONG en un comunicado en el que lamenta que después de año esta “disputa territorial no da señales de remitir”.
Esta zona fronteriza con Venezuela, integrada por una decena de municipios, ha experimentado en los últimos doce meses un repunte de los choques entre ambos grupos armados, generando una crisis humanitaria de gran envergadura que ha puesto en serio peligro a cientos de miles de habitantes, confinados en sus casas o forzados al desplazamiento.
NRC ha alertado de que los residentes de Catatumbo “están perdiendo la esperanza” tras un año de “incesantes hostilidades” y ha pedido una reacción más contundente tanto al Gobierno de Colombia como a la comunidad internacional. “Es fundamental garantizar la seguridad”, ha instado la organización.
Ante el deterioro de la seguridad, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró el estado de conmoción interna para reforzar la presencia institucional en un territorio que, pese a su abundancia de recursos naturales, registra algunos de los peores indicadores de pobreza y desarrollo del país.
La histórica ausencia del Estado, motivada en gran parte por la compleja geografía de la región y su riqueza en recursos, ha convertido a Catatumbo en escenario recurrente de enfrentamientos entre grupos armados que buscan controlar las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales.
El director nacional del NRC en Colombia, Giovanni Rizzo, ha subrayado que la violencia no solo ha expulsado a miles de personas, sino que quienes permanecen atrapados en la zona se ven forzados a trabajar en cultivos de coca, desplazando otras producciones agrícolas, mientras que “cientos de niños se ven privados de su futuro, al no poder asistir a la escuela”.
“Catatumbo está actualmente en cuidados intensivos humanitarios”, ha denunciado Rizzo, instando a la comunidad internacional a reforzar la financiación de los programas de ayuda para la región. “Cada dólar invertido (...) salvará al país de los costos mucho más elevados del desplazamiento y la reconstrucción”, ha valorado.
Sin un apoyo adecuado y sostenido en el tiempo, muchas familias podrían verse empujadas a regresar a sus comunidades de origen pese a la continuidad de las hostilidades, lo que las expondría al reclutamiento forzado, a la participación en economías ilícitas y, en el caso de muchas mujeres y niñas, a un mayor riesgo de violencia sexual.
Por este motivo, el NRC ha exigido a los grupos armados el cese inmediato de los ataques contra la población civil y el respeto estricto del Derecho Internacional Humanitario.