Costa Rica celebra este domingo unas elecciones presidenciales y legislativas tras la que ha sido la campaña más extensa de su historia reciente, marcada por el repunte de la inseguridad y del crimen organizado. Estos asuntos han monopolizado los discursos de los aspirantes, entre los que sobresale Laura Fernández, candidata del oficialismo para prolongar el proyecto del dirigente derechista Rodrigo Chaves, con opciones de imponerse ya en primera vuelta.
Fernández, exministra y antigua jefa de gabinete de Chaves, figura muy destacada en los sondeos, con una intención de voto superior al 40%, umbral que le permitiría evitar el balotaje. En caso de una segunda ronda, solo una eventual confluencia del resto de postulantes --son veinte en total, aunque únicamente cinco con posibilidades reales de representación-- podría poner en entredicho su victoria.
La aspirante del Partido Pueblo Soberano (PPSO) ha prometido una política de firmeza frente al repunte de la criminalidad y los asesinatos en un país sin Fuerzas Armadas y tradicionalmente percibido como uno de los más estables de Centroamérica.
El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica señala que dos de cada tres votantes considera que la seguridad ha empeorado. Pese a que el país atraviesa uno de los periodos más violentos de su historia reciente, el 58% respalda este modelo, cimentado en la crispación y el choque con las instituciones.
“Costa Rica en los últimos 25 años ha tendido a 'centroamericanizarse', a perder una parte de esa solidez institucional, socioeconómica, del estado de bienestar y de sus estructuras que lo hacían muy diferente del resto de países de la región”, explica Salvador Martí i Puig, catedrático de Ciencias Políticas e investigador del think tank Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB).
Aunque sigue siendo un país relativamente estable, en los últimos años “el Estado ha ido perdiendo brillo”, apunta Martí i Puig, debido al aumento de la desigualdad y la pobreza ligadas a las políticas neoliberales de los últimos gobiernos, así como a factores como la llegada masiva de migrantes nicaragüenses o la internacionalización del crimen.
En este contexto irrumpió Rodrigo Chaves, que reúne “todos los componentes de un populista de derechas y liberal”, según el investigador del CIDOB, comparable a otros mandatarios como el estadounidense Donald Trump, el argentino Javier Milei o el salvadoreño Nayib Bukele, también muy presente durante la campaña.
BUKELE y EL PLAN PARA MATAR A CHAVES
En la fase final de la contienda electoral irrumpieron dos elementos: el presunto plan para asesinar al presidente Chaves y la visita a Costa Rica del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, convertido en pocos años en una figura central no solo en Centroamérica, sino también en otros puntos del continente.
Bukele acompañó a Chaves en un acto para promocionar la construcción de una prisión de máxima seguridad en la provincia de Alajuela, próxima a la capital, San José, inspirada, como subrayó el propio presidente costarricense, en el mediático Cecot salvadoreño.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desestimó un recurso que pedía cancelar la visita por su evidente sesgo electoralista, en una campaña en la que Chaves, desoyendo la Constitución y la tradición política del país que vetan la participación del presidente en proselitismo, ha hecho campaña a favor de Fernández y ha cargado contra sus rivales.
La misma corte, en octubre de 2025, solicitó sin éxito a la Asamblea que le retirara la inmunidad para investigar si vulneró la normativa electoral al implicarse en la campaña. Un mes antes, el Parlamento ya había rechazado otro intento de desafuero, promovido por el Tribunal Supremo, relacionado con un caso de corrupción que también salpicaba a uno de sus ministros.
La influencia de Bukele no se limita a su presencia en el acto de presentación del futuro penal, denominado Cacco (Centro de Alta Contención del Crimen Organizado), sino que también se proyecta a través de la candidatura de José Aguilar Berrocal, esposo de una de sus primas, que figura en las papeletas.
CONTROL DE LA ASAMBLEA
Pese a haber sorteado dos investigaciones, una por corrupción y otra por su intervención política en plena campaña, gracias al apoyo de la Asamblea Legislativa, Chaves ha insistido en la importancia de que su fuerza política controle la cámara para impulsar las reformas que, a su juicio, requiere Costa Rica, incluida una eventual revisión constitucional.
La meta declarada es alcanzar hasta 40 diputados en un Parlamento de 57 escaños. En este escenario, un aspirante con escaso peso como Aguilar Berrocal, el familiar de Bukele, podría resultar decisivo con tan solo un par de asientos y completar así las aspiraciones de Chaves, advierte Martí i Puig.
La candidata oficialista, de 39 años, se beneficia tanto del elevado respaldo del todavía presidente como de una oposición muy fragmentada, cuyas propuestas, por separado, difícilmente superarían el 9% de los sufragios.
¿SEGUNDA VUELTA?
Aunque poco probable, la hipótesis de que alguno de estos candidatos logre colarse en una segunda vuelta abriría un panorama distinto de cara al 5 de abril.
Entre la veintena de aspirantes, tres son los que podrían poner en aprietos el triunfo de Fernández este domingo: la ex primera dama Claudia Dobles, del progresista Partido Acción Ciudadana; Ariel Robles, del Frente Amplio, otra opción de izquierdas; y Álvaro Ramos, del histórico Partido Liberación Nacional (PLN).
“La gente percibe que hay probabilidades porque estos tres partidos grandes se unirían y podrían llegar también al 40% (...) Si hay una segunda vuelta está abierto”, apunta Martí i Puig.
En cualquier caso, la multiplicidad de fuerzas anticipa una Asamblea fragmentada, en la que será difícil que una sola formación alcance los 29 diputados que marcan la mayoría simple, lo que augura una dinámica constante de pactos.
Todo ello sucede en un contexto de profundo malestar con la clase política, aunque el número de indecisos se reduce a medida que se acerca la cita electoral. Del 55% registrado por las encuestas en octubre de 2025, esta semana el porcentaje de votantes que aún no tenía decidido su voto había caído al 26%.
El desapego hacia las urnas se ha repetido en los últimos comicios, después de que Costa Rica llegara a registrar en el pasado tasas de participación superiores al 80%. En las últimas presidenciales, el 40% del censo optó por no acudir a votar.
Aunque el voto es obligatorio en Costa Rica, no existen sanciones para quienes se abstienen, a diferencia de otros países de la región, como Chile, donde esta exigencia suele favorecer a opciones antisistema de corte más conservador. En el caso costarricense, ninguna fuerza puede atribuirse de forma automática estas dinámicas.