El Parlamento de Venezuela ha decidido aplazar hasta la próxima semana la votación de la ley de amnistía para presos políticos, impulsada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, debido a las diferencias entre los diputados en torno a uno de los artículos del texto.
Hasta el momento, la Cámara ha dado luz verde por unanimidad a seis artículos del proyecto, pero no ha logrado consensuar el séptimo, considerado fundamental para precisar qué perfiles quedarían fuera del alcance de esta medida de gracia.
El desacuerdo se centra en la formulación del precepto que exige a los beneficiarios de la amnistía que hayan sido condenados y posteriormente se exiliaran por la represión chavista que se pongan “a derecho”, es decir, que se presenten ante las autoridades competentes para el reconocimiento de los delitos imputados.
El artículo establece que la amnistía se extiende a toda “persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta ley”.
“¿Qué es lo que pasa con este artículo? Cuando usted dice 'siempre que esté a derecho', sencillamente está diciendo que la persona que va a acogerse a la ley de amnistía, al ponerse a derecho, es culpable”, ha argumentado el diputado Luis Florido, del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), insistiendo en que no pueden admitir culpabilidad por delitos que, sostienen, no han cometido.
Ante la creciente tensión en el hemiciclo, la diputada opositora Nora Bracho —que ha defendido que la norma debe ser lo más amplia posible e incluir a todos los exiliados, perseguidos y encarcelados por motivos políticos en cualquier parte del mundo— ha solicitado el diferimiento del artículo, lo que ha llevado a suspender y posponer la sesión.
Aun así, el borrador ha incorporado algunos ajustes. Los legisladores han aprobado añadir que la iniciativa pretende “favorecer la reintegración a la actividad pública de las personas beneficiadas”, además de “promover la paz social y la convivencia democrática”.
La discusión parlamentaria ha coincidido con una jornada de movilizaciones estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela, donde los jóvenes han reclamado la puesta en libertad de todos los presos políticos, una amnistía plena que alcance a la totalidad de los afectados y la recuperación de la democracia en el país latinoamericano.