La Knesset, el Parlamento israelí, ha dado este lunes su visto bueno a la Ley de Pena de Muerte para Terroristas por 64 votos a favor y 48 en contra. La reforma introduce la posibilidad de imponer la pena capital por ahorcamiento y en secreto en casos de terrorismo, pero en la práctica se dirige únicamente contra palestinos, al quedar fuera cualquier ciudadano de Israel, lo que ha generado fuertes críticas por su carácter abiertamente discriminatorio.
La nueva norma queda circunscrita a los tribunales militares de Cisjordania, que solo juzgan a acusados palestinos, mientras que los israelíes, incluidos los colonos asentados en el territorio ocupado, continúan siendo procesados en la jurisdicción civil.
El articulado establece de forma general que podría aplicarse a toda la población, pero uno de sus preceptos concreta que solo se utilizará contra quienes “causen intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel”, una formulación que, en la práctica, excluye a cualquier persona de convicciones sionistas, incluso en casos de acciones equivalentes.
La legislación reduce de forma drástica el margen de decisión de los jueces, autoriza ejecuciones secretas por ahorcamiento e impone a los condenados un régimen de aislamiento casi absoluto.
Otro de los cambios clave es que la pena de muerte podrá imponerse por mayoría simple del tribunal, y deja de exigirse la unanimidad que regía hasta ahora. Asimismo, la norma suprime el derecho a presentar recurso de apelación.
Aunque el texto no tendrá efectos retroactivos sobre las personas detenidas por los ataques del 7 de octubre de 2023, la Knesset tramita en paralelo otra propuesta legislativa que sí contempla la aplicación de la pena capital “a posteriori”.
La votación ha llegado tras casi doce horas de debate ininterrumpido. “Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, ha subrayado el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, citado por el diario “The Times of Israel”.
Ben Gvir ha sido el gran promotor de esta reforma, que finalmente ha contado con el respaldo del partido Likud, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, presente en la sesión, así como del partido opositor Yisrael Beitenu. También han apoyado la ley las formaciones ultraortodoxas Shas y Judaísmo Unido de la Torá.
CRÍTICAS DE ORGANIZACIONES DE DDHH
“Esta ley institucionaliza el asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza. Está diseñada para aplicarse solo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial”, ha denunciado el director legal del Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, Suhad Bishara.
La organización recuerda que la aplicación del derecho interno israelí a la población palestina de Cisjordania “es una flagrante violación del derecho internacional” porque la Knesset “no tiene autoridad para legislar sobre la población ocupada”. Por ello, Adalah ha anunciado que impugnará la ley ante el Tribunal Supremo israelí “com custión de máxima urgencia”.
Adalah sostiene que la norma “es una de las más violentas y discriminatorias” aprobadas en Israel. “Incumple una serie de normas internacionales y su aplicación podría suponer un crimen de guerra. Su aprobación es un nuevo paso en la escalada letal de la tortura sistemática contra los palestinos bajo detención israelí tan ampliamente documentada”, ha destacado la entidad.