La Asamblea de la República de Portugal ha dado este viernes su aval inicial a varios proyectos de ley que modifican la normativa de identidad de género aprobada en 2018, al volver a exigir un informe médico para que las personas trans mayores de 16 años puedan cambiar su nombre y género en el registro civil.
La Cámara lusa ha otorgado “luz verde” a las iniciativas legislativas impulsadas por el ultraderechista Chega, el conservador Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS, con el objetivo de alterar la ley que “consagra el derecho a la libre determinación de la identidad de género y la expresión de género y la protección de las características sexuales de cada persona”.
Hasta ahora, las personas de más de 16 años podían modificar su nombre en el registro siempre que contaran con el visto bueno de sus progenitores y un informe emitido por un profesional sanitario que acreditara su “capacidad de decisión y voluntad informada”, sin necesidad de incluir diagnósticos sobre identidad de género.
La propuesta del PSD plantea derogar la ley de 2018 que reforzaba los derechos de las personas trans y regresar al marco legal de 2011, lo que implica volver a exigir un dictamen elaborado por al menos un psicólogo y un médico para tramitar los cambios de nombre y género en el registro civil, aunque la transexualidad no se clasifica como enfermedad.
En paralelo, el proyecto presentado por Chega veta los tratamientos médicos dirigidos a abordar la disforia de género en menores de 18 años, apelando a la “protección de la infancia y la juventud”, según ha informado la agencia de noticias Lusa.
El CDS, por su lado, ha registrado una iniciativa que busca impedir la administración de bloqueadores de la pubertad y terapias hormonales a menores con disforia de género, sosteniendo que estas decisiones deben aplazarse hasta que la persona alcance la mayoría de edad.
Las propuestas legislativas, que han recibido el rechazo de la mayoría de las formaciones de izquierdas, pasarán ahora a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías, donde serán objeto de un análisis más pormenorizado antes de la votación definitiva en el pleno.
La presidenta de ILGA Portugal, Dani Bento, ha declarado a Lusa que la aprobación inicial de estos textos supone “un retroceso muy grave” en los derechos de las personas transgénero e intersexuales, subrayando que es la primera vez en democracia que se produce una regresión en derechos previamente reconocidos.