El Parlamento de Venezuela retomará este jueves la discusión de la ley de amnistía promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, después de que las tensiones entre el bloque oficialista y activistas y ONG forzaran su suspensión anterior. El principal punto de fricción es un articulado que exige a los reclusos beneficiados admitir hechos que aseguran no haber cometido.
La Asamblea Nacional, encabezada por Jorge Rodríguez --hermano de la mandataria--, tiene previsto iniciar a las 16.00 horas (hora local, las 21.00 en la España peninsular y Baleares) el debate en segunda discusión del denominado “Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, una propuesta que, según Caracas, permitiría la excarcelación de personas acusadas de delitos desde 1999.
En paralelo, familiares de presos políticos continúan concentrados frente a centros de detención y otras dependencias, entre ellas una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, donde un grupo mantiene una huelga de hambre desde el pasado sábado.
El dirigente del partido opositor Vente Venezuela, Marcos Velazco, señaló este miércoles que una de las personas presentes, “Mariana Escalona, esposa de mi padre Julio Velazco, ha sufrido una afectación de salud en medio de la huelga de hambre que ha sostenido, junto a otros familiares, por más de 100 horas” en el recinto conocido como Zona 7, tras lo cual fue atendida en un ambulatorio. “Esta pesadilla debe terminar. Y solo será posible cuando todos los presos políticos sean liberados”, añadió en un breve mensaje difundido en redes sociales.
Por otro lado, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) reclamó este miércoles a la Fiscalía la designación “inmediata” de un funcionario del despacho especializado en Derechos Humanos para “escuchar directamente a las víctimas, constatar el deterioro físico y psicológico que enfrentan, y proceder a solicitar la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos en Boleíta, Zona 7”.
En un comunicado publicado en X, la organización denunció que “un funcionario identificado como Fiscal 13 con competencia nacional (...) no ofreció respuestas” a los familiares sobre la situación de los detenidos en ese penal, pese a que “la Fiscalía General sí tiene la capacidad y la obligación constitucional de actuar para proteger la vida y la integridad de las familias y de las personas detenidas, cuyo estado de salud continúa deteriorándose mientras esperan respuestas sobre la libertad de sus seres queridos”.