El pacto sellado en octubre de 2025 entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para poner en marcha la propuesta de Estados Unidos sobre el futuro de la Franja de Gaza ha abierto en los últimos días una nueva fase, marcada por los primeros pasos para levantar la Junta de Paz encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el comité tecnócrata que administrará la siguiente etapa en coordinación con este organismo, ya objeto de un intenso escrutinio internacional.
El esquema diseñado por Washington recibió en noviembre de 2025 el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante una resolución que le otorgó respaldo internacional, con la misión declarada de supervisar la reconstrucción de Gaza, devastada por la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, y de pilotar un proceso de desmilitarización y transferencia de competencias que desplace a Hamás del poder.
Trump ha hecho públicos los nombres de varios miembros del “comité ejecutivo” de la Junta, entre los que se encuentran él mismo y su secretario de Estado, Marco Rubio; su enviado especial, Steve Witkoff; su yerno, Jared Kushner; y el ex primer ministro británico Tony Blair, al tiempo que ha cursado invitaciones a numerosos dirigentes internacionales, aunque solo una parte reducida ha aceptado sumarse.
La iniciativa del inquilino de la Casa Blanca, que pretende ampliar la Junta de Paz hasta convertirla en “una organización internacional” que fomente la paz “en áreas afectadas o amenazas por el conflicto” --interpretado por muchos como un intento de restar protagonismo a la propia ONU--, ha generado recelos y ha llevado a un buen número de líderes a declinar la invitación. Hasta la fecha, únicamente han confirmado su participación Albania, Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, Bulgaria, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Turquía, Uzbekistán y Vietnam, además de Kosovo.
Entre las figuras que más controversia suscitan se encuentra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha manifestado su intención de integrarse en el organismo, pese a que no pudo acudir al acto de firma oficial en la ciudad suiza de Davos debido a la orden de arresto emitida contra él por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de guerra durante la ofensiva sobre Gaza.
Al mismo tiempo, varios países han optado por no aclarar por ahora si se sumarán --entre ellos, Rusia y Ucrania--, mientras que otros han anunciado abiertamente que no participarán, como Suecia, Francia, Noruega y España. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido que la postura española responde a la “coherencia”, al considerar que la Junta “está fuera del marco de Naciones Unidas” y “no ha incluido a la Autoridad Palestina”.
Plan de reconstrucción
El eje central del proyecto estadounidense es la reconstrucción de Gaza. Para ello, Kushner ha presentado en Davos una hoja de ruta que plantea transformar “en tres años” el enclave en un destino turístico con numerosos rascacielos, un escenario que muchos ven irrealizable ante la magnitud de los daños y la gravísima crisis humanitaria que golpea a la población, cuya asistencia inmediata es la prioridad para las ONG y la ONU.
Kushner ha subrayado que la viabilidad de la reconstrucción está estrechamente ligada a la “seguridad”, un factor determinante en plena campaña para desarmar a Hamás, y ha evitado concretar cómo se afrontarán tareas como el desminado y la retirada de explosivos lanzados por Israel o qué soluciones se ofrecerán a los cientos de miles de desplazados por la ofensiva y en qué condiciones podrán regresar.
El esquema presentado por el yerno de Trump prevé además dotar al territorio de un puerto, un aeropuerto, 180 torres destinadas al turismo y complejos industriales repartidos entre la “Nueva Gaza” y la “Nueva Rafá”, así como la creación de más de 500.000 empleos en distintos sectores, sin aclarar los mecanismos, plazos ni fuentes de financiación para convertir estas promesas en realidad.
A las dudas sobre el alcance real del organismo y la falta de precisión sobre su mandato, unidas a que el propio Trump ha sugerido que “podría” sustituir a la ONU, se añaden el hecho de que el presidente estadounidense figure como presidente “vitalicio” de la Junta y la exigencia de una aportación de mil millones de dólares (unos 860 millones de euros) para obtener un asiento permanente.
Sin embargo, fuentes de la Casa Blanca consultadas por Europa Press han asegurado esta misma semana que “no hay un requisito” de efectuar dicha contribución para ser miembro --quienes no la realicen tendrán un mandato de tres años-- y que estos recursos “serán usados directamente” para financiar los trabajos de reconstrucción del enclave palestino.
Hamás y la transición del CNAG
En este escenario, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha remarcado la necesidad de que la Junta de Paz “presione a la ocupación para que ponga fin a sus violaciones del acuerdo de alto el fuego y reabra los pasos fronterizos” con el fin de facilitar la entrada de ayuda, en línea con sus llamamientos a aplicar íntegramente lo pactado y a activar la segunda fase del acuerdo.
Qasem ha incidido en que la creación del organismo “sigue rodeado de preguntas fundamentales sobre su contenido práctico, el alcance de su compromiso a la hora de forzar a la ocupación israelí a detener sus violaciones y el hecho de que no sea convertido en un paraguas destinado a proteger únicamente la seguridad de Israel”.
El movimiento islamista ha calificado de “inaceptable” que “un criminal de guerra sea miembro del Consejo de Paz”, en alusión a Netanyahu, y ha advertido de que “su participación le da una cobertura para escapar a una rendición de cuentas por el genocidio cometido en la Franja de Gaza”, al tiempo que ha defendido la apertura de un diálogo con otras facciones palestinas para encarar “la próxima etapa” y articular un proceso que no quede “por la visión israelí”.
En esta transición está llamado a desempeñar un papel clave el comité tecnócrata formado por distintas personalidades palestinas, oficialmente denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), que deberá asumir competencias en la Franja para garantizar la prestación de servicios básicos a la población, con el respaldo de la Autoridad Palestina y de la comunidad internacional.
El CNAG estará dirigido por Alí Shaath, economista palestino y exviceministro de la Autoridad Palestina, quien rubricó la semana pasada los principios rectores de la comisión, centrados en la reconstrucción de la Franja sobre la base de “la paz, la democracia y la justicia”, después de que las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, expresaran su “total disposición” a un traspaso de competencias.
Entre las metas del CNAG figura también “restablecer los servicios esenciales que constituyen la base de la dignidad humana” --para lo que será determinante que Israel levante las restricciones y permita la reapertura de los pasos fronterizos, incluida la del cruce de Rafá, prevista para la próxima semana-- y sentar los cimientos de una “economía productiva” que abra el camino hacia “una prosperidad palestina duradera”.
Sigue sin estar claro, no obstante, cómo se articulará en la práctica la coordinación entre el CNAG y la Junta de Paz, ni cuál será el margen de maniobra real de Saath, natural de Jan Yunis e integrante de un clan vinculado a la Autoridad Palestina, que ha reclamado liderar la gestión de los Territorios Palestinos Ocupados --incluida Gaza-- con vistas a la futura creación del Estado de Palestina, una posibilidad contemplada en el plan de Trump pero rechazada de plano por Israel.