El máximo responsable de la lucha contra la corrupción en Malasia, Azam Baki, compareció el pasado jueves ante una comisión especial creada ad hoc para que ofrezca explicaciones sobre sus participaciones accionariales, según ha informado este domingo el Gobierno.
El secretario jefe del Ejecutivo malasio, Azri Abú Bakar, confirmó la citación después de que saliera a la luz que Azam, comisionado jefe de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC), figuraba como titular de 17,7 millones de acciones de Velocity Capital Partner Bhd., de acuerdo con el informe anual remitido por esta firma de servicios financieros a la Comisión de Sociedades de Malasia. En el momento del documento, ese paquete accionarial rondaría un valor de unos 180.000 euros.
La controversia surge porque la normativa vigente establece que un empleado público solo puede adquirir acciones de una compañía registrada en Malasia siempre que no superen el 5% de su capital desembolsado o los 21.700 euros de valor, optándose por la cifra menor. Además, están obligados a declarar su patrimonio al menos una vez cada cinco años y también cuando realizan operaciones de compra o venta de participaciones.
Paralelamente, una investigación de Bloomberg News ha señalado una presunta connivencia entre altos cargos de la MACC y empresarios interesados en hacerse con el control de determinadas compañías. Estas revelaciones desencadenaron una fuerte reacción social en Malasia, con protestas en la capital, y han avivado un debate más amplio sobre posibles abusos de poder.
Las principales organizaciones de la sociedad civil del país han reclamado la creación de una Comisión Real de Investigación para esclarecer las denuncias de abuso de poder, enriquecimiento injustificado y extorsión regulatoria atribuidas a la MACC y a su director.
Azam ha rechazado haber cometido irregularidad alguna con sus inversiones y ha tildado la información de Bloomberg de tendenciosa y engañosa. Por su parte, el Comité de Control de Activos de la MACC ha subrayado que todas sus pesquisas se realizan con arreglo a la legislación y ha negado cualquier sugerencia de injerencia de intereses privados.
“El comité garantiza que se llevará a cabo una investigación exhaustiva de forma transparente, independiente y profesional”, declaró Shamsul en el comunicado del domingo. También precisó que los resultados de la investigación y las recomendaciones sobre las medidas a adoptar se remitirán a las autoridades competentes, incluso si se detecta alguna infracción de alguna ley o normativa penal.