El Senado de Argentina ha dado este jueves su visto bueno a una reforma de la ley de glaciares que recorta el alcance de las zonas protegidas y abre la puerta a nuevas inversiones mineras en áreas que, por ahora, siguen resguardadas por la normativa actual, a la espera de que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre el proyecto.
La iniciativa superó el trámite en la Cámara Alta con 40 votos favorables, 31 en contra y una única abstención, según ha informado el diario “La Nación”. Con este resultado, el oficialismo logra una media sanción clave para la modificación de la ley de glaciares, que ahora queda supeditada al debate en Diputados y, en caso de ser aprobada, a la promulgación por parte del presidente Javier Milei.
La presidenta del Senado, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y una de las aliadas más cercanas al mandatario, ha respaldado la reforma como una señal de que Argentina “es un país que cuida a sus provincias”, sosteniendo que con la ley vigente “proteger ha sido paralizar”.
“Nosotros elegimos meternos en este momento histórico que va a permitir que la argentina entre en el cambio energético enorme que está sufriendo la humanidad y que va a ser a favor de nuestra gente”, ha afirmado Bullrich durante su intervención en el recinto.
El texto impulsado por el oficialismo pretende, en particular, separar el concepto de área periglaciar de las “geoformas periglaciales” consideradas reservas estratégicas de recursos. De este modo, la salvaguarda se acota a los entornos de los glaciares con función hídrica relevante, un enfoque que ha generado rechazo en parte de la oposición.
La senadora del Partido Justicialista Anabel Fernández Sagasti ha criticado la propuesta al considerar que “no da seguridad jurídica y no fija criterios técnicos para todas las provincias”, cuestionando la redacción y el alcance de los cambios planteados.
Frente a estas objeciones, el senador Agustín Coto, de La Libertad Avanza y encargado de exponer los detalles del proyecto en la Cámara Alta, ha defendido la reforma subrayando aspectos como “que las provincias puedan incorporar o retirar cuerpos de hielo del inventario según los criterios técnicos científicos del artículo 41 de la Constitución Nacional”, frente a una ley actual “que desconoce la diversidad del país”.