El Senado de Brasil ha dado este miércoles su visto bueno definitivo a un proyecto de ley que contempla la rebaja de las penas impuestas a los condenados por su papel en el intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ya ha empezado a cumplir una condena superior a 27 años de prisión. El principal blanco de aquel ataque institucional fue el entonces recién investido jefe del Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, que sigue al frente del Palacio del Planalto y que aún puede vetar esta iniciativa.
Con un total de 48 votos favorables, 25 en contra y una sola abstención, la Cámara Alta ha sacado adelante el denominado proyecto de ley de dosimetría, llamado así por el principio de proporcionalidad en materia penal. Según los datos difundidos por la propia agencia del Senado, la nueva regulación permitiría que, por regla general, los condenados cumplieran poco más del 16 por ciento de la pena impuesta.
Además, en ciertas situaciones específicas, los presos deberían completar entre el 20 y el 70 por ciento de sus condenas, en función de su inclusión en alguno de los diez supuestos previstos. Entre ellos figuran la pertenencia a una organización criminal, la reincidencia o la comisión por primera vez de delitos graves como el feminicidio.
La remisión del texto al Senado, tras su aprobación inicial en la Cámara de Diputados, generó recelos tanto en la izquierda como en la derecha por la posibilidad de que la norma acabase favoreciendo a condenados por delitos violentos ajenos al intento de golpe de Estado. Este temor fue admitido por el relator del proyecto en la Cámara Baja, Esperidiao Amin, del partido derechista Progresistas, quien subrayó la necesidad de introducir ajustes.
En este escenario, Amin aceptó una modificación destinada a acotar el alcance de las reducciones de pena a los involucrados en la citada trama golpista, pero la presentó como una enmienda meramente de redacción y no de contenido, lo que evitó que el texto tuviera que regresar a la Cámara de Diputados para un nuevo examen.
Así, el ponente de la propuesta en el Senado ha justificado la medida sosteniendo que pretende “corregir distorsiones” derivadas de una actuación judicial “demasiado severa”.
Amin ha insistido en que el proyecto constituye un primer paso hacia una posible futura amnistía, aunque ha recalcado que “la narrativa de que se trata de un 'amplio blindaje' o cualquier otra expresión similar no es cierta”.
Tras superar el trámite en ambas cámaras del Congreso, la iniciativa queda ahora a la espera de la decisión final del presidente Lula, de quien diversos medios brasileños, como el grupo Globo o el diario ‘Folha’, anticipan que recurrirá al veto para frenar la entrada en vigor de la ley.