El Senado mexicano ha dado este jueves su visto bueno al denominado 'plan B' de la reforma política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque finalmente ha quedado fuera la propuesta de hacer coincidir la revocación de mandato con las elecciones de 2027, después de que el Partido del Trabajo (PT), el socio minoritario de la coalición gubernamental, frenara ese punto.
Tras más de seis horas de discusión en el pleno, la iniciativa recibió 87 votos favorables y 41 en contra, después de que el PT consiguiera que no se modificara el Artículo 35 de la Constitución, lo que mantiene la consulta de revocación presidencial para 2028, entre los gestos de satisfacción de las bancadas opositoras.
La formación petista ha defendido que, aunque respalda el paquete de medidas de austeridad y de impulso a la participación ciudadana promovido por Sheinbaum, también lo hace en defensa de la democracia. Ha advertido de que, si se celebraran de forma simultánea los comicios federales y locales de 2027 y el revocatorio, “se corre el riesgo de distorsionar su sentido”.
En esa línea, la senadora del PT Lizeth Sánchez ha subrayado que cada una de estas citas con las urnas “tienen propósitos distintos con una lógica democrática propia”. “No se trata de debilitar la participación ciudadana, se trata de protegerla (...) frente a presiones externas o tensiones internas” que pretendan desvirtuarla, ha remarcado.
El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados limitado a tres bloques: medidas de austeridad, recorte del gasto en los congresos locales y en el propio Senado, así como reducción del número de concejales y ajuste de los salarios de los altos cargos electorales para impedir que perciban más que el jefe del Estado.
Este 'plan B' llega después de que la reforma inicial no obtuviera el respaldo necesario en la Cámara Baja. El propósito central era recortar el coste del sistema electoral, la financiación pública de los partidos y rediseñar la representación proporcional en el Congreso.
Aun así, Sheinbaum ha valorado que se haya logrado sacar adelante una parte del paquete relativo a los privilegios, en particular la eliminación de las llamadas “pensiones doradas” de antiguos altos directivos de empresas públicas como la petrolera Pemex o la eléctrica CFE.
En cambio, ha lamentado el bloqueo a la modificación del Artículo 35 de la Constitución para adelantar la revocación. “Pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero bueno, así lo decidieron”, ha manifestado la mandataria en su conferencia de prensa matutina de este jueves.
Ha precisado que “no es que la presidenta quiera necesariamente la revocación de mandato en el 27, sino abrir la posibilidad de que la revocación de mandato del presidente o la presidenta no sea necesariamente en el cuarto año, sino que también sea en el tercero y no es obligatoria, tiene que solicitarse con firmas”.
En su opinión, el rechazo se explica por el “temor” a que la figura del jefe del Estado pueda influir en el electorado, aunque ha descartado que ese factor sea suficiente para inclinar el voto en un sentido u otro.
“Los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta y no haciendo campaña por un partido político o por otro, pues fueran a tener más votos algunos (...) en realidad no tienen razón, porque una cosa es la revocación de mandato y otra cosa es la votación constitucional”, ha sostenido.