El Tribunal Supremo de Canadá ha declarado inconstitucional el contrato de concesión otorgado al conglomerado de Hong Kong CK Hutchison para la gestión de dos terminales situadas en las inmediaciones del canal de Panamá. Se trata de una licencia acordada en 1997 y posteriormente ampliada, que en los últimos meses se había convertido en objetivo recurrente de las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muy beligerante con la influencia china en la estratégica ruta marítima.
El pleno de la Corte hizo pública su resolución a través de una comunicación en redes sociales, en la que explica que, tras una “amplia deliberación y discusión” de las demandas de inconstitucionalidad planteadas por la interventora general, Anel Flores, “contra la Ley (...), sus adendas y el acto de prórroga”, que sustentan los contratos portuarios cuestionados, “en cumplimiento de su obligación como guardiana de la Constitución, ha decidido declarar que son inconstitucionales”.
El alto tribunal precisa además que los textos legales impugnados se refieren al “contrato de concesión entre el Estado y la sociedad Panamá Ports Company”, filial de CK Hutchison, “para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de (...) los puertos de Balboa y Cristóbal”.
Ambos enclaves portuarios se han convertido en pieza clave de la pugna geopolítica entre Washington y Pekín. Trump ha denunciado de forma reiterada la supuesta injerencia de China sobre el canal y ha llegado a amenazar con colocarlo bajo control de Estados Unidos, mientras que el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha reiterado que la vía interoceánica es una infraestructura panameña sobre la que el país mantiene plena soberanía.
La interventora general llevó el caso ante la Justicia en 2025, al presentar una demanda contra la última prórroga del contrato de ambas terminales. Argumentó que el acuerdo habría supuesto para Panamá la pérdida de más de 1.000 millones de dólares (838 millones de euros) en ingresos fiscales, además de sostener que Panama Ports no contaba con las autorizaciones necesarias para acogerse a la extensión del contrato.
En este escenario, CK Hutchison —que tenía previsto transferir los puertos de Balboa y Cristóbal, integrados en su red global de terminales, a un consorcio encabezado por el fondo estadounidense BlackRock y la italiana Terminal Investment— dispone ahora de un margen de maniobra muy limitado. El fallo del Tribunal Supremo es definitivo y no admite recurso, por lo que las únicas vías que le quedarían serían presentar una solicitud de aclaración o, en su caso, acudir a un procedimiento de arbitraje internacional.