El Tribunal Supremo de Brasil ha resuelto este martes, por decisión unánime, imponer penas de entre ocho y 26 años de cárcel a cinco de los seis procesados incluidos en el segundo de los cinco bloques de acusados por el intento de golpe de Estado atribuido al expresidente Jair Bolsonaro, una operación que se desarrolló entre 2022 y 2023.
Entre los sentenciados figura el general retirado del Ejército Mário Fernandes, que ejercía como secretario ejecutivo de la Presidencia. Por el papel que habría desempeñado en la conspiración, ha recibido la condena más elevada de este grupo: 26 años y seis meses de prisión. También el entonces director de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Vasques, ha sido condenado a 24 años y seis meses de cárcel, mientras que los exasesores de Bolsonaro Marcelo Câmara y Filipe Martins —este último responsable de asuntos internacionales— han sido castigados con penas de 21 años de prisión cada uno.
Las condenas se sustentan en los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, integración en organización criminal armada, daños agravados y deterioro del patrimonio.
En el caso de la exdirectora de Inteligencia del Ministerio de Justicia, Marília Alencar, el Supremo solo la ha declarado culpable de intento de abolición violenta del Estado democrático de Derecho y de golpe de Estado, por lo que la pena fijada para ella asciende a ocho años y seis meses de prisión.
Además, tanto Alencar como Vasques han sido sancionados con la pérdida de sus funciones públicas: en el primer caso, como delegada de la Policía Federal; en el segundo, como secretario municipal de Desarrollo Económico en la ciudad de San José, en el estado de Santa Catarina.
El alto tribunal también ha acordado la suspensión durante ocho años de los derechos políticos de todos los condenados, que “no podrán votar ni postularse para ningún cargo público”, según el comunicado oficial. El texto añade igualmente la imposición de una multa conjunta de 30 millones de reales brasileños (algo más de 4,6 millones de euros) “por daño moral colectivo”, que deberá abonarse “junto con todos los condenados por su participación en los sucesos del 8 de enero de 2023”.
Por el contrario, el delegado de la Policía Federal Fernando Oliveira ha resultado absuelto por falta de pruebas en su contra. El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, ha considerado que “incluso si hubiera tenido conocimiento de los hechos, no existen pruebas suficientes de que se uniera al movimiento golpista”.
Este segundo bloque de acusados ha sido el último de los cinco en llegar a juicio dentro de un amplio proceso judicial que ha concentrado 1.734 causas penales, de las cuales 619 se refieren a “crímenes más graves, como organización criminal, intento de golpe de Estado y delitos contra el Estado democrático de derecho”, de acuerdo con otro comunicado difundido por el Supremo.
Según ese balance, al cierre del año judicial la Primera Sala del Supremo ha dictado condena “a 810 personas, 395 por delitos graves y 415 por delitos menos graves, además de 14 absoluciones”, y mantiene aún 346 procedimientos penales en fase final de investigación y 98 acusaciones ya formalizadas, “en su mayoría relacionadas con quienes financiaron los hechos, lo que requirió investigaciones más complejas”.
En este contexto, la jueza decana de la Sala, Carmen Lúcia, ha subrayado que “es inédito en la historia de Brasil que el Tribunal Supremo haya sido llamado, si no para prevenir, al menos para dejar claro que toda forma de agresión contra la democracia, las instituciones democráticas y el Estado democrático de Derecho tiene hoy una respuesta conforme a la legislación brasileña”.
“Y esta respuesta se dará porque existe un Poder Judicial independiente e imparcial para juzgar todos los casos”, ha remachado.