El Tribunal Supremo de Brasil ha iniciado este martes el juicio contra cinco sospechosos de haber participado en 2018 en el asesinato de la concejal Marielle Franco y del conductor Anderson Gomes, un crimen que, según la investigación, se enmarca en una red de explotación y especulación urbanística impulsada por las milicias armadas de Río de Janeiro.
Estos cinco procesados son considerados los presuntos responsables intelectuales del atentado, cuyos ejecutores ya fueron condenados en 2024. Entre ellos figuran los hermanos Domingos y João Francisco Brazão, este último más conocido como “Chiquinho”, consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro y diputado hasta hace un año, respectivamente.
Junto a los Brazão se sientan en el banquillo el antiguo jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Rivaldo Barbosa, el expolicía Ronald de Alves Pereira y Robson Calixto Fonseca, quien fuera asesor de Domingos Brazão, todos ellos señalados por la Fiscalía como los encargados de planear la muerte de la concejal.
Los cinco están procesados por homicidio por las muertes de Franco y Gomes, así como por el intento de asesinato de la asesora de la concejal, Fernanda Chaves. Además, a los hermanos Brazão se les atribuye también el delito de organización criminal.
El caso ha llegado al Supremo debido a que “Chiquinho” Brazão disfrutaba de inmunidad parlamentaria por su condición de diputado federal, un fuero que mantuvo hasta que el Congreso le retiró el mandato hace menos de un año.
En la lectura de su voto, el juez del Supremo Alexandre de Moraes sostuvo que el asesinato de Franco tenía como finalidad “eliminar la oposición política y disuadir a otros de imitarla”. La concejal, subrayó, fue el “mayor símbolo” de resistencia frente a los intereses económicos particulares de los Brazão.
Los acusados fueron señalados por el autor material de los disparos que acabaron con la vida de Franco y Gomes, el expolicía Ronnie Lessa, condenado a más de 78 años de prisión. El conductor del coche desde el que se efectuaron los disparos, Élcio Queiroz, fue sentenciado a cerca de 60 años de cárcel.
Las familias de las víctimas han exigido que se imponga una condena ejemplar a los presuntos instigadores. Para la hermana de la concejal, la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, una eventual sentencia condenatoria supondría también una “respuesta” a la democracia, en la que “queda como ejemplo que ningún crimen puede quedar impune”, según recoge el portal de noticias G1.
Anielle Franco ha remarcado igualmente que el avance del caso ha sido posible tras el “regreso de la democracia en 2022”, en referencia a la victoria electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y después de que su predecesor, Jair Bolsonaro, restara importancia a lo sucedido en reiteradas ocasiones.