El Tribunal Supremo de Italia ha ratificado este miércoles la absolución del actual ministro de Transporte, Matteo Salvini, por impedir en 2019 el desembarco de 147 migrantes rescatados frente a Lampedusa por el buque 'Open Arms', cuando ejercía como ministro del Interior.
El fallo llega después de que la Fiscalía de Palermo presentara un recurso extraordinario, obviando los pasos procesales habituales para acudir de forma directa a una instancia superior. La segunda sección penal del tribunal de Palermo ya había exonerado a Salvini el pasado mes de diciembre, pese a que los fiscales pedían para él seis años de cárcel.
“Este es un juicio que ni siquiera debería haber comenzado, y esta resolución definitiva pone de manifiesto lo que argumenté en mi defensa: la apelación de la Fiscalía estaba completamente fuera de lugar”, ha señalado la abogada del ministro, Giulia Bongiorno, según ha recogido la agencia de noticias AdnKronos.
Salvini, líder de La Liga italiana, ha celebrado la decisión del Supremo a través de sus perfiles en redes sociales. “Cinco años de juicio: defender las fronteras no es un delito”, ha expresado en la red social X, acompañando el mensaje con una fotografía en la que aparece con el puño en alto.
Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha indicado que la “absolución definitiva” de Salvini es “una buena noticia”. “Confirma un principio simple y fundamental: un ministro que defiende las fronteras italianas no comete un delito, sino que cumple con su deber”, ha argüido.
La ONG Open Arms ha indicado en un comunicado que “se puede ser absuelto en un tribunal, pero no de la responsabilidad de haber elegido la propaganda y el poder en lugar de la humanidad”. “Puede terminar un proceso, pero no nuestra lucha”, ha indicado.
“La sentencia definitiva del Tribunal Supremo italiano ha establecido que nadie es responsable del infierno que vivieron esas 147 personas, que durante 19 días permanecieron en el mar sin un puerto seguro donde desembarcar”, ha agregado.
El origen del caso se sitúa en agosto de 2019, cuando Open Arms pidió a las autoridades italianas un puerto seguro para desembarcar a más de 160 migrantes, entre ellos 27 menores, rescatados en tres operaciones distintas en el Mediterráneo central.
La embarcación permaneció cerca de veinte días en el mar, siete de ellos frente a la isla de Lampedusa, en medio de un pulso con el Gobierno italiano y, en especial, con Salvini, que defendía una política de “puertos cerrados” ante los barcos de ONG que operaban en la zona.
Salvini articuló su defensa en la necesidad de proteger a Italia de la migración irregular, presentando el proceso como un juicio político que cuestionaba el ejercicio de las funciones de un ministro. La Fiscalía, en cambio, sostuvo que se excedió en sus competencias y que no existía ningún peligro real que justificara mantener bloqueados a los migrantes.