El Supremo Militar de Brasil abre el proceso para expulsar a Bolsonaro del Ejército

El Supremo Militar brasileño inicia el proceso para decidir si expulsa a Jair Bolsonaro y a tres generales condenados por el intento de golpe de Estado.

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El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro Gustavo Moreno/STF/dpa

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El Tribunal Supremo Militar (STM, por sus siglas en portugués) de Brasil ha notificado este martes al expresidente Jair Bolsonaro y a otros tres generales, ya condenados por el intento de golpe de Estado contra el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, dando así comienzo al procedimiento judicial derivado de las alegaciones de indignidad planteadas a principios de febrero por la Fiscalía Militar por su participación en la trama golpista.

“El expresidente Jair Bolsonaro y los generales del Ejército Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno y Braga Neto han sido citados por sus respectivos (jueces) instructores para que presenten sus defensas escritas en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de la citación”, ha informado el STM en su web acerca de los militares retirados condenados por la Justicia civil a penas de prisión de 27, 19, 21 y 26 años, respectivamente.

La corte ha subrayado que esta citación “marca el inicio del proceso, ya que concluye las fases preliminares y da paso a la declaración formal de los acusados”.

El comunicado se ha hecho público una semana después de que la Fiscalía Militar reclamara al STM la expulsión de las Fuerzas Armadas de Bolsonaro —capitán retirado y el único del grupo con antecedentes en la Justicia castrense—, así como de los tres generales implicados y del almirante Almir Garnier, excomandante de la Marina Brasileña que no ha sido citado, sin que el tribunal haya aclarado el motivo de esta excepción.

La iniciativa presentada por el fiscal general militar, Clauro Bortolli, denominada Representación para Declaración de Indignidad para el Cuerpo de Oficiales, es el mecanismo mediante el cual la Justicia Militar debe decidir si un miembro de las Fuerzas Armadas condenado a más de dos años de cárcel, por delito militar o común, mantiene o no la condición necesaria para seguir integrando el cuerpo de oficiales.