El Tribunal Penal Internacional (TPI) inicia este lunes en La Haya (Países Bajos) una vista preliminar destinada a decidir si se abre un juicio formal contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por los presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos a su denominada 'guerra contra las drogas'.
Según ha detallado el propio tribunal en un comunicado publicado en su página web, la audiencia se celebrará los días 23, 24, 26 y 27 de febrero, jornadas en las que “la Fiscalía, la Defensa y los representantes legales de las víctimas presentarán sus alegatos orales ante los jueces para exponer sus argumentos”.
El TPI precisa en ese texto que “el propósito de la audiencia de confirmación de cargos es determinar si existen pruebas suficientes para establecer motivos sustanciales para creer que la persona cometió cada uno de los delitos imputados”, y añade que, en caso de que se ratifique uno o varios de los cargos, una Sala de Primera Instancia será la encargada de celebrar el juicio.
En el mismo documento, la corte indica que la Sala ha asumido las recomendaciones médicas formuladas tras el reconocimiento de Duterte “para facilitar su participación en las diligencias previas al juicio”. Por ello, ha ordenado a la Secretaría del Tribunal que vele por la aplicación de las medidas y ajustes sugeridos durante las sesiones, que se limitarán a cuatro días semanales, con un día de descanso intermedio, una duración máxima de tres horas y pausas cada hora.
El tribunal recuerda que “Duterte es sospechoso de los crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato, presuntamente cometidos en el territorio de la República de Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019 en el contexto de la campaña de 'guerra contra las drogas'”, un procedimiento que abarca hechos atribuidos tanto a su etapa como presidente como a su periodo como alcalde de Davao, en el sur del archipiélago.
El exmandatario no estará presente en estas diligencias preliminares, alegando sentirse “viejo, cansado y frágil”, tal y como ha informado la agencia Bloomberg. Durante su mandato llegó a prometer que mataría a 100.000 delincuentes y que alimentaría con sus cadáveres a los peces de la bahía de Manila.
En paralelo, Amnistía Internacional ha valorado la apertura de esta fase como “un paso significativo hacia la justicia para las víctimas y sobrevivientes de la mortífera llamada 'guerra contra las drogas' de su administración”, en palabras de la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, difundidas este lunes.
Callamard ha insistido en que “la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI debe ahora tomar rápidamente una decisión sobre la confirmación de los cargos de crímenes de lesa humanidad contra Duterte para que se pueda hacer justicia”, y ha pedido al Ejecutivo filipino “a cooperar con la investigación en curso de la CPI sobre los crímenes cometidos en el país, incluso ejecutando con prontitud cualquier nueva orden de arresto emitida por el Tribunal”.
La responsable de la ONG ha recalcado igualmente que este procedimiento “también recuerda a la comunidad internacional que nadie está por encima de la ley, sin importar la ferocidad de los ataques, las sanciones y las amenazas dirigidas al TPI por parte de algunos líderes mundiales”, entre los que ha citado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Duterte fue puesto a disposición del TPI en marzo de 2025 por las autoridades filipinas bajo el mandato de Ferdinand Marcos Jr., perteneciente a una familia que en el pasado fue aliada del expresidente. Su arresto se produjo en ejecución de la orden de detención emitida por la corte, aunque su entrega sigue generando controversia en Filipinas, donde conserva una base de apoyo significativa. En este contexto, su hija y sucesora en la Alcaldía de Davao, Sara Duterte, ha hecho pública recientemente su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para 2028.