La Sala Primera de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha determinado este lunes que el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte se encuentra en condiciones de salud adecuadas para afrontar los trámites previos al juicio. En consecuencia, ha señalado el 23 de febrero como fecha para la vista en la que se decidirá la confirmación de los cargos por crímenes de lesa humanidad atribuidos a su etapa en la jefatura del Estado.
En su resolución, la sala concluye que Duterte “es capaz de ejercer efectivamente sus derechos procesales y, por lo tanto, está en condiciones de participar en el procedimiento previo al juicio”, y establece que el procedimiento se reanude con la audiencia de confirmación de cargos el 23 de febrero.
Con este pronunciamiento, los jueces desestiman la petición de la defensa, que reclamaba un aplazamiento indefinido del caso alegando que Duterte “no estaba en condiciones de participar”.
El tribunal mantiene desde hace meses un panel de tres médicos encargados de evaluar de forma periódica el estado de salud del exmandatario filipino y de emitir informes que se ponen a disposición de su equipo legal. A comienzos de enero, esta misma sala ya había denegado otra solicitud de los abogados de Duterte para recabar un nuevo informe médico, al considerar que el panel estaba cumpliendo con su mandato y que no hacían falta valoraciones adicionales.
El TPI también ha rechazado en varias ocasiones los recursos de Duterte en los que pedía su puesta en libertad provisional, alegando supuestos errores en la resolución inicial de una cámara inferior que ordenó mantenerle bajo custodia durante el desarrollo del proceso.
La vista señalada para febrero tendrá como objetivo analizar si hay base probatoria suficiente para apreciar motivos fundados respecto a los delitos que se le atribuyen al exdirigente.
Duterte, de 80 años y encarcelado en La Haya desde marzo del año pasado, se enfrenta a tres cargos de crímenes contra la humanidad vinculados a la campaña contra los cárteles de la droga durante su Presidencia. Además, se le imputa la condición de “coautor indirecto” de 19 homicidios cometidos entre 2013 y 2016, periodo en el que ejerció como alcalde de la ciudad de Dávao.