Tras casi veinte años de negociaciones, este sábado ha comenzado a aplicarse el Tratado de la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Alta Mar, un pacto internacional destinado a conservar y asegurar el uso sostenible de alrededor de dos tercios de los océanos del planeta.
La fecha marca el cumplimiento de los 120 días fijados en el propio acuerdo desde que se alcanzó el umbral mínimo de 60 ratificaciones. Desde ahora, el texto pasa a ser jurídicamente obligatorio para los 83 Estados que lo han ratificado, lo que implica su incorporación a las normativas internas de cada país.
El objetivo central del tratado es salvaguardar la biodiversidad marina en aguas internacionales y en el lecho oceánico, áreas que abarcan más de dos tercios de la superficie marina mundial y suponen más del 90% del hábitat del planeta en términos de volumen.
“Lo hemos conseguido. Hoy entra en vigor el Tratado de Alta Mar. Es una tremenda victoria para los océanos, para la vida y para la humanidad”, ha subrayado el presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje difundido en redes sociales. La alta mar “no será el salvaje oeste abierto a la explotación, sino un espacio de responsabilidad compartida”.
Entre las economías que ya han ratificado el texto figuran China, Alemania, Japón, Francia o Brasil. Desde Naciones Unidas se resalta especialmente el respaldo de China, dada la magnitud de sus sectores vinculados al océano, como la construcción naval, la acuicultura, la pesca y la explotación de petróleo y gas marinos. Según datos de la agencia de comercio de la ONU, en 2023 Pekín exportó bienes relacionados con el océano por valor de unos 155.000 millones de dólares.
Sin embargo, todavía están ausentes del grupo de países ratificadores potencias como Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia. Estados Unidos, primera economía mundial y uno de los cinco mayores exportadores de productos relacionados con el océano, con 61.000 millones de dólares, adoptó políticamente el tratado en 2023, pero el relevo en la Casa Blanca ha dejado la ratificación aplazada 'sine die'.
Un nuevo marco jurídico global para la alta mar
El acuerdo se apoya en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, pero refuerza de forma significativa el andamiaje legal para conservar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad marina, según destaca la propia ONU. Proporciona un marco de cooperación entre Estados y otros actores que será “crucial” para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 y del Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal.
El tratado se articula en torno a cuatro ejes principales. El primero persigue “un reparto justo y equitativo de los beneficios de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos (...) en beneficio de toda la Humanidad”.
Asimismo, contempla la declaración de áreas marinas protegidas para salvaguardar hábitats esenciales, especies vulnerables y fondos marinos, junto con la obligación de someter a evaluación el impacto de las actividades económicas. Establece además un marco internacional para analizar los efectos de las actividades en alta mar sobre el cambio climático, la acidificación de los océanos y otros impactos ambientales.
El cuarto pilar se centra en impulsar la cooperación y la transferencia de tecnología marina hacia las partes firmantes, en especial los países en desarrollo, con el fin de facilitar el cumplimiento de los compromisos y “nivelar así el campo de juego” en el uso responsable de la alta mar.
El texto incluye también una base financiera para costear las medidas previstas y un sistema para la resolución de controversias. Junto a ello, crea una Conferencia de las Partes, un Organismo Científico y Técnico y otros órganos de gobernanza.
La Conferencia de las Partes deberá celebrarse en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del Tratado, por lo que podría tener lugar a finales de 2026, aunque ya se han iniciado los trabajos preparatorios de esa primera CoP1.