El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras ha censurado los supuestos episodios de “injerencia extranjera” ocurridos durante las elecciones presidenciales celebradas el pasado mes de noviembre, unos comicios que, casi tres semanas después, siguen sin un vencedor claramente definido.
El órgano electoral ha recalcado que las “controversias electorales” deben dirimirse con “exclusiva dependencia del marco jurídico” y “sin presiones indebidas”, y ha criticado con dureza “las amenazas, injurias y otros actos de injerencia” dirigidos contra jueces y otros funcionarios implicados en el proceso.
En este contexto, el juez Mario Morazán, a quien el Gobierno de Estados Unidos revocó el visado hace unos días por supuestamente obstaculizar el recuento de votos, ha remarcado en un comunicado la relevancia de salvaguardar la “independencia judicial, la imparcialidad y la defensa del Estado de Derecho en el marco de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025”.
Morazán ha insistido en que “la dignidad y la justicia no son negociables”, y ha advertido de que cualquier intento de “socavar la integridad del proceso electoral o condicionar decisiones judiciales será enfrentado con firmeza”.
“Con ocasión de las injurias y amenazas vertidas por actores políticos nacionales y actos de injerencia extranjera (...), es imperativo destacar que los jueces debemos actuar únicamente con sujeción a la Constitución, los Tratados Internacionales y la ley, resistiendo toda interferencia interna o externa”, ha afirmado el magistrado, subrayando la obligación de los tribunales de mantenerse al margen de presiones políticas.
En la misma línea, ha recalcado que las instituciones hondureñas están obligadas a ofrecer resultados “limpios, transparentes y verificables, ajustados a la normativa vigente y con absoluto respeto a la voluntad ciudadana”, en un clima de creciente desconfianza por las denuncias de irregularidades.
“Es de público conocimiento que he sido amenazado con cárcel, al igual que otros funcionarios electorales, por parte de actores políticos que representan intereses conocidos por la sociedad, contrarios a los de su propia institución política”, ha añadido Morazán, denunciando el clima de hostigamiento contra quienes participan en el conteo.
El pasado jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras puso en marcha el recuento de cerca de 2.800 actas con inconsistencias, en un ambiente marcado por las acusaciones de fraude tras casi 20 días desde la celebración de las presidenciales en el país centroamericano.
Hasta ahora, Nasry Asfura —señalado como el favorito del presidente estadounidense, Donald Trump— continúa en cabeza en la disputa por la Presidencia de Honduras, con menos de un punto porcentual de ventaja sobre Salvador Nasralla, quien ha denunciado el “robo” de los comicios en medio de reiterados fallos técnicos en el escrutinio.