El embajador de Irán en España, Reza Zabib, afirma en una entrevista con Europa Press, la primera que concede desde el estallido de las protestas en el país, que Irán se ha visto sometido a “la mayor operación terrorista jamás realizada dentro de Irán” y atribuye las más de 3.000 muertes a la actuación de grupos respaldados desde el extranjero.
Según explica, para comprender lo sucedido es necesario diferenciar tres fases sobre el terreno. En los primeros tres días solo se registraron protestas acotadas, principalmente en el bazar y en el sector privado, motivadas por la elevada inflación y la fuerte depreciación de la moneda. Este foco de tensión se desinfló, sostiene, tras el diálogo directo de las altas autoridades con los grandes empresarios.
Entre el 1 y el 8 de enero, describe, se produjo una nueva oleada con mayor participación en las calles. En dos o tres ciudades pequeñas, y no en la capital, algunas concentraciones derivaron en choques violentos. Aun así, asegura que las fuerzas de seguridad mantuvieron la contención, pese a sufrir bajas.
El embajador subraya que los días 8, 9 y casi el 10 de enero marcaron un punto de inflexión: se empezaron a utilizar y distribuir armas, y “la gente fue disparada y asesinada indiscriminadamente por estos grupos terroristas”, que posteriormente habrían reconocido públicamente su implicación. Añade que “tanto fuerzas estadounidenses como israelíes dijeron públicamente que estaban sobre el terreno; los israelíes estaban sobre el terreno, muchos agentes extranjeros estaban sobre el terreno”.
Relata una situación de violencia extrema, en la que no solo policías, sino también manifestantes, fueron “mutilados, asesinados brutalmente, ejecutados y quemados”, con ataques incluso a personal sanitario y a cadáveres de agentes. Asegura que la Policía solo intervino de forma contundente los días 9 y 10 de enero, cuando se vio obligada a enfrentarse a estos grupos.
De acuerdo con sus datos, “unas 2.400 personas” de las casi 3.000 víctimas mortales serían ciudadanos y agentes, mientras que el resto pertenecerían a “elementos terroristas” abatidos. Recalca que “en dos o tres días murieron más de 2.000 ciudadanos inocentes y agentes de Policía” y que, tras esos episodios, “no ha habido más manifestaciones” y el país vive ahora una situación de calma.
En cuanto a las pruebas de esta “operación terrorista”, Zabib afirma que se incautó “una enorme cantidad de armas” y que disponen de comunicaciones intervenidas donde se ordenaba “matar a policías y agentes de seguridad” o, en su defecto, a cualquier persona. Señala que “se detuvo a un buen número” de implicados, aunque las cifras se harán públicas más adelante, y que otros habrían huido al extranjero.
El diplomático acusa a Estados Unidos de practicar “terrorismo económico”, citando recientes declaraciones del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado, que, según él, habrían reconocido que “sacaron a la gente a las calles sin disparar una sola bala, mediante sanciones”. Frente a este contexto, asegura que el plan del Gobierno pasa por subsidios directos a la población y por garantizar el acceso a bienes básicos a entre el 90 y el 95% de los ciudadanos.
Respecto a las restricciones de internet, indica que la reconexión está en marcha y que el servicio se ha restablecido ya en torno al 40 o 60%, lo que interpreta como un síntoma de normalización. Sobre el papel de Starlink y la posible ayuda de aliados como Rusia o China en su bloqueo, admite que “no puedo dar detalles porque no tengo los datos”, pero insiste en que Irán “es muy bueno en esta industria y en esta tecnología” y que cuenta con capacidades propias desde hace tiempo.
En relación con las ejecuciones, sostiene que “no hay pena ni castigo por manifestaciones civiles” y que “nadie es arrestado por manifestarse pacíficamente”. Recuerda que en unas protestas de hace dos años la mayoría de los detenidos, “el 98 o 99%”, fue liberada sin proceso judicial. Sin embargo, recalca que quienes “mataron a más de 2.000 inocentes” y participaron en la destrucción de infraestructuras y propiedades “deben ser llevados ante la justicia”.
El embajador aporta un listado de daños materiales: “305 ambulancias y autobuses públicos, 250 paradas de autobús, 24 gasolineras, 700 comercios privados, 800 vehículos privados, 300 viviendas privadas; todo fue incendiado o destruido. 750 sucursales bancarias, 680 edificios públicos, 750 vehículos policiales, 200 escuelas, 440 mezquitas, decenas de bibliotecas”. Asegura que los acusados tendrán “pleno respeto” a sus derechos, con “debido proceso legal” y sin “ejecuciones sumarias”.