Los empleados de la petrolera pública Petroperú han comunicado este domingo la convocatoria de un paro nacional de 72 horas para rechazar los planes del Gobierno del presidente en funciones, José Jerí, de privatizar la compañía, un proyecto que contempla más de 60 millones de euros destinados al despido de personal.
Las protestas comenzarán este miércoles, 14 de enero, con marchas frente a la sede central de Petroperú y ante el Ministerio de Economía y Finanzas en Lima, aunque también se han organizado concentraciones en otras regiones del país. La huelga, por su parte, arrancará el lunes siguiente, 19 de enero, y se extenderá a toda la plantilla de la empresa, de acuerdo con la información recogida por el diario peruano “La República”.
El Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) ha optado por esta medida al considerar que el Ejecutivo de Jerí y el ministerio encabezado por Denisse Miralles están llevando “deliberadamente” a la compañía estatal al colapso financiero, después de que la agencia de calificación Fitch Ratings decidiera suspender su análisis sobre Petroperú al alegar que no dispone de datos suficientes y fiables para emitir una nota.
“Esta incertidumbre no es casual ni inevitable; ha sido fabricada desde el propio Estado mediante una política sistemática de abandono y asfixia financiera”, ha manifestado el sindicato, que también ha denunciado que Petroperú haya tenido “cinco presidentes , cuatro gerentes generales y una contra campaña que, pareciera, orquestada con toda la mala intención de quebrar la petrolera estatal”.
El pasado 31 de diciembre, el Gobierno peruano aprobó un decreto de urgencia que abre la puerta a la participación de capital privado en bloques patrimoniales de Petroperú, entre ellos activos considerados estratégicos como la Nueva Refinería de Talara.
La norma, divulgada apenas dos horas antes del inicio del nuevo año, incluye una partida de 240 millones de soles (unos 60,8 millones de euros) para financiar despidos de personal dentro del proceso de reestructuración orgánica previsto para la petrolera.
Desde la coalición sindical de Petroperú han alertado de que este decreto de urgencia “descuartiza” a Petroperú. “Jerí prefirió el negocio de la privatización antes que defender la seguridad y soberanía energética del Perú”, han criticado.
El Ejecutivo, en cambio, sostiene que su objetivo es “garantizar la seguridad energética del país y evitar un eventual desabastecimiento de combustibles”, en especial en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde Petroperú concentra más del 85 por ciento del mercado.
Jerí ocupa la Presidencia en funciones hasta julio de 2026, fecha prevista para la celebración de elecciones generales. Llegó al cargo en sustitución de Dina Boluarte, presidenta desde diciembre de 2022 tras el intento de autogolpe del entonces mandatario Pedro Castillo, actualmente en prisión y último jefe de Estado elegido en las urnas. Tanto Boluarte como Jerí afrontan diversas investigaciones judiciales en curso.