La Comisión Federal Marítima (FMC) de Estados Unidos ha planteado este viernes la posibilidad de prohibir el acceso a sus puertos a barcos de pabellón español mientras prosigue la investigación sobre la decisión de España de impedir que cargueros estadounidenses con armamento destinado a Israel hicieran escala en el puerto de Algeciras (Cádiz).
En un comunicado difundido en su página web, el organismo regulador explica que está valorando distintas alternativas que abarcan “limitaciones a la carga, la denegación de entrada a buques que operen bajo bandera española o la imposición de multas” de 2,3 millones de dólares por viaje en buques con bandera española”.
Pese a ello, la FMC recalca que aún no ha adoptado una resolución definitiva y que “evaluará cuidadosamente las pruebas y todas las consideraciones pertinentes”, insistiendo en que “cualquier acción se guiará por el mandato legal de la Comisión y el expediente factual elaborado en la investigación”.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el Ejecutivo español bloqueó en noviembre de 2024 la entrada directa de al menos tres buques de Estados Unidos, entre ellos naves incluidas en el Programa de Seguridad Marítima estadounidense, y remarcan que “la política que motiva dichas denegaciones sigue vigente”.
Para determinar cómo afecta esta situación al comercio exterior de Estados Unidos, la Comisión ha pedido datos adicionales a navieras, operadores comerciales y otros actores del sector sobre “la política actual de España de denegar o rechazar el acceso a los puertos a ciertos buques que transportan carga con destino o procedencia de Israel, las medidas que ha adoptado para aplicar dicha política y el impacto en las condiciones del transporte marítimo”.
Con la información recabada hasta ahora, este organismo independiente del Gobierno estadounidense considera que las normas aplicadas por las autoridades españolas podrían estar generando “condiciones generales o especiales desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior estadounidense”, motivo por el que “debe examinar” qué medidas “correctivas podrían ser apropiadas para ajustar dichas condiciones aparentes”.