Estados Unidos ha hecho públicas nuevas sanciones contra cinco altos funcionarios de Nicaragua, a los que acusa de "incitar a la inestabilidad regional mediante la consolidación del poder de la dictadura" encabezada por el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, así como de "los abusos continuos contra el pueblo nicaragüense".
En un comunicado oficial, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha recordado que "desde 2018, la dictadura de Murillo-Ortega ha reprimido violentamente protestas pacíficas, ha detenido injustamente, torturado y matado a opositores políticos".
El responsable estadounidense ha subrayado que esta "dinastía familiar ilegítima también ha perseguido al clero católico" y ha optado por "silenciar" y "desterrar" a medios de comunicación independientes y a organizaciones de la sociedad civil en el país centroamericano.
Asimismo, Washington denuncia que el régimen ha reformado la Constitución de Nicaragua "para asegurar que las instituciones gubernamentales castiguen a opositores políticos y permitan la supervisión arbitraria y el control de los sistemas de telecomunicaciones".
Según Pigott, "la dictadura ha cometido abusos laborales sistémicos y utiliza las estructuras de seguridad para vigilar y silenciar a cualquiera que se perciba como una amenaza a su control del poder. Las personas sancionadas lideran agencias gubernamentales responsables de estos actos de represión".
Sin ofrecer detalles sobre los nombres de los altos cargos señalados, el portavoz ha insistido en que la Administración Trump "utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas" disponibles para responder "a quienes amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos" en el hemisferio occidental.
El comunicado concluye con un mensaje directo al Gobierno de Managua: "Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua".