El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra cinco personas —entre ellas dos de los siete hijos de los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo— y contra siete compañías, por su presunta implicación en el “control corrupto” ejercido por las autoridades sobre la industria del oro en el país centroamericano.
En una nota oficial, el Departamento del Tesoro ha indicado que todos los señalados “ayudan a la dictadura de Ortega y Murillo a generar dinero y mantener el poder político en Nicaragua”.
El comunicado detalla que entre los afectados figuran “entidades e individuos nicaragüenses implicados en la incautación forzosa de propiedades estadounidenses en Nicaragua”, y menciona de forma específica al viceministro de Energía, Santiago Hernán Bermúdez.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha acusado directamente al círculo presidencial al afirmar que “la dictadura de Murillo y Ortega ha intentado llenar sus cofres a través del uso de estas compañías de oro y a los co-conspiradores a través de la confiscación de inversiones estadounidenses en Nicaragua, usándolos para generar fondos para mantener el poder político”.
En la misma línea, ha subrayado que “Estados Unidos no permitirá la confiscación ilegal de bienes propiedad de estadounidenses y seguirá actuando contra los flujos de ingresos que empoderan al régimen corrupto de Murillo y Ortega”.
Entre los familiares de la pareja presidencial sancionados se encuentran Maurice Facundo Ortega Murillo, delegado para Deportes de la Presidencia, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, puesto que desempeñó anteriormente su madre hasta ser elegida vicepresidenta en 2017 y, más tarde, copresidenta en 2025.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha insistido en que las medidas van dirigidas a personas y firmas que “han facilitado el control corrupto de la dictadura sobre el sector del oro de Nicaragua, la incautación de propiedades de ciudadanos estadounidenses y la proliferación de su poder dinástico”.
Según Pigott, “desde 2020, la dictadura la reestructurado el sector del oro para convertirlo en una red compleja de compañías pantalla e intermediarios diseñada para generar moneda extranjera, lavar bienes sancionados y reforzar el control político para su propio beneficio”.
Ha añadido además que “la dictadura también ha consolidado continuamente su poder ilegítimo en manos de la familia presidencial, nombrando a sus hijos como funcionarios de la dictadura para llevar a cabo sus objetivos dinásticos”.
En este contexto, ha asegurado que la Administración de Donald Trump “seguirá usando todas las herramientas diplomáticas y económicas para defender los intereses estadounidenses y amplificar las demandas del pueblo nicaragüense sobre libertad, derechos inalienables y seguridad económica”.
Por último, Pigott ha reclamado cambios profundos en Managua al señalar: “Pedimos a la dictadura para que respete la propiedad privada, libere incondicionalmente a todos los presos detenidos injustamente y restablezca una buena gobernanza”, mientras el Ejecutivo nicaragüense aún no ha ofrecido respuesta pública al anuncio de Washington.