El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado este miércoles cargos formales contra el actual gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Muñoz Rocha, junto con otros nueve responsables estatales, por presunta participación en actividades de narcotráfico en coordinación con el Cártel de Sinaloa y por otros delitos vinculados al uso de armas.
El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el jefe de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, han hecho pública esta acusación dirigida contra Muñoz Rocha y varios altos cargos, tanto en ejercicio como retirados, que “presuntamente” habrían utilizado sus posiciones “para proteger las operaciones del cártel, facilitando así” el envío de drogas hacia territorio estadounidense.
Junto al gobernador de Sinaloa, figuran también como acusados el fiscal adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa, Dámaso Castro, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
El resto de los señalados son antiguos altos funcionarios del estado: el exsecretario general Enrique Inzunza; el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; los exjefes de la Policía de la Fiscalía Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras, alias “Cholo”; el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida; el exsubdirector de la Policía José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; y el excomandante de la Policía de Culiacán Juan Valenzuela, alias “Juanito”.
De acuerdo con la acusación, los diez habrían intervenido en una “conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos”.
Entre las tareas que se les atribuyen está la de brindar cobertura a los dirigentes del Cártel de Sinaloa frente a la “investigación, arresto y enjuiciamiento”; así como el suministro de información “confidencial” procedente de las fuerzas de seguridad y del Ejército mexicanos a la organización criminal “para facilitar (sus) actividades delictivas”.
El escrito del Departamento de Justicia sostiene además que “ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales (...) que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias”. A cambio de estas actuaciones “recibieron (...) millones de dólares” derivados del tráfico de estupefacientes.
El gobernador de Sinaloa ha rechazado públicamente los señalamientos a través de sus redes sociales, donde ha afirmado que las acusaciones “carecen de veracidad y fundamento alguno”. “Así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, ha añadido Muñoz Rocha, que ha calificado la imputación como un “ataque” contra su figura y contra el movimiento de la Cuarta Transformación, promovido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por su sucesora, Claudia Sheinbaum.
El mandatario ha interpretado que el proceso judicial se inscribe en “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”.