El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha apoyado recientemente la solicitud de un ciudadano para incrementar la vigilancia sobre las sanciones a individuos asociados al gobierno de Nicolás Maduro, con el objetivo de asegurar una aplicación más rigurosa de estas medidas punitivas.
La petición, presentada por un español, argumenta que la Comisión Europea gestiona estas sanciones de manera politizada, ‘lo que crea la necesidad de un mayor escrutinio político de su discrecionalidad, en lugar de un mayor control jurídico por parte del Tribunal de Justicia de la UE’. Según el peticionario, esta falta de supervisión permite a los sancionados evadir las restricciones y adquirir bienes en Europa, solicitando por ello un escrutinio más profundo para investigar sus conexiones de lobby y prevenir su acceso al Mercado Único y la asignación de fondos. También ha instado a sancionar la desinformación sobre Venezuela al mismo nivel que las medidas de la UE contra la desinformación y la interferencia rusa.
El PP, representado por el eurodiputado Antonio López-Istúriz, ha valorado positivamente la petición, calificando la situación de ‘crítica’ para Venezuela y para ‘la credibilidad de la democracia y los Derechos Humanos en todo el mundo’. López-Istúriz ha propuesto expandir y fortalecer las sanciones contra los líderes del régimen venezolano acusados de fraude en las elecciones presidenciales de 2024, asegurando que ‘Por cierto que no se paseen por países europeos en flagrante delito incumpliendo las normas europeas de sanciones y siendo recibidos por algunos gobiernos europeos’. Además, ha exigido un mayor cumplimiento de las sanciones por parte de los Estados miembros.
Por otro lado, Juan Carlos Girauta, de Vox, ha expresado que es ‘intolerable’ que después de un año de las elecciones aún existan ‘resistencias’ en Europa para reconocer a Edmundo González como el legítimo presidente. ‘Lo que solicitan los peticionarios es lo mínimo que por dignidad hacia el pueblo venezolano y por vergüenza democrática los europeos deberíamos estar de acuerdo’, manifestó, abogando por una mayor presión diplomática sobre Venezuela para permitir la supervisión internacional de las elecciones, detener torturas y censuras, y garantizar la independencia de los poderes públicos.
Durante la sesión, una representante del Servicio de Acción Exterior de la UE enfatizó que la UE no reconoce la legitimidad democrática de Maduro y aseguró que no se canalizan fondos a las autoridades venezolanas. Los fondos humanitarios de la UE se destinan a actores no estatales, ONG y agencias de la ONU, y recordó que la UE coopera con la Corte Penal Internacional aunque no es miembro de la institución. También mencionó una reciente serie de sanciones contra 15 individuos relacionados con la falta de transición democrática en Venezuela, tras la toma de posesión de Maduro sin las pruebas requeridas de su victoria en las elecciones de julio de 2024.
Actualmente, la UE mantiene sanciones contra 70 personas, incluyendo a figuras clave del chavismo como Delcy Rodriguez y Diosdado Cabello.