Una misión de once miembros del Parlamento Europeo se desplazará la próxima semana a Guatemala para mantener reuniones con el presidente del país, Bernardo Arévalo, así como con congresistas, líderes indígenas, representantes empresariales y de la sociedad civil, en un contexto marcado por la inminente renovación del sistema de justicia y del tribunal electoral guatemalteco.
La delegación, dirigida por la presidenta de la misión de la Eurocámara para las relaciones con los países de América Central, Diana Riba i Giner (ERC), permanecerá en Ciudad de Guatemala desde el martes 17 de febrero hasta el jueves 19 de febrero.
En el grupo participarán también otros eurodiputados españoles como José Cepeda (PSOE), Raúl de la Hoz Quintano (PP), Esther Herranz (PP), Antonio López-Istúriz (PP) y Nora Junco (independiente tras abandonar Se Acabó la Fiesta).
El viaje se produce en un momento clave para Guatemala, coincidiendo con el proceso de relevo de las principales autoridades judiciales y electorales mediante elecciones secundarias, en las que se decide la nueva composición del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la designación del próximo fiscal general.
Durante su estancia, la representación del Parlamento Europeo se entrevistará con Arévalo y con los ministros de Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, e Interior, Marco Villeda. Igualmente, celebrarán reuniones con diputados del Congreso, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, autoridades indígenas, así como con organizaciones de la sociedad civil y actores del tejido empresarial.
Además, está prevista la visita a un proyecto cofinanciado por la Unión Europea centrado en la promoción de los Derechos Humanos de las mujeres y de los pueblos indígenas.
Una crisis política y judicial abierta desde 2023
Guatemala arrastra una crisis política e institucional desde las elecciones presidenciales de 2023, cuando el recién elegido mandatario Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, tuvo que hacer frente a maniobras de la Fiscalía de Guatemala dirigidas a cuestionar y revertir el resultado de los comicios.
En este contexto, el pasado 9 de enero los Estados miembros de la Unión Europea decidieron prolongar un año más las sanciones impuestas a casi una decena de personas y a una entidad guatemalteca por sus ataques a la democracia, al Estado de derecho y a la transferencia pacífica del poder en el país.
Las personas incluidas en la lista continúan sometidas a restricciones de viaje que les impiden entrar o transitar por territorio de la UE. Asimismo, tanto los individuos como la entidad sancionada afrontan la congelación de sus activos, y se prohíbe a ciudadanos y empresas europeas poner fondos a su disposición, ya sea de forma directa o indirecta.
Estas medidas selectivas se han diseñado para afectar “estrictamente solo” a quienes son responsables de, participan en, prestan apoyo o se benefician de “acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala”.
Paralelamente, los Veintisiete han impulsado con anterioridad una misión “ad hoc” para acompañar en 2026 los procesos de selección y nombramiento de tres instituciones clave: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General.