Evo Morales, exmandatario de Bolivia, ha requerido la nulidad del proceso en su contra por trata de personas, en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo que revocó la condena de diez años impuesta a Jeanine Áñez, quien ocupó la presidencia en noviembre de 2019, y ordenó su liberación inmediata.
“Por principios de justicia y legalidad, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –tal como benefició a los autores del golpe de 2019– debe ordenar, de inmediato, el cierre de los procesos que me abrieron por razones de persecución y proscripción”, manifestó Morales en su perfil de la red social X, donde tachó su proceso de «ilegal» y lo describió como un caso «inventado».
Morales también ha aprovechado para solicitar «garantías» que le permitan asistir como exjefe de Estado a la ceremonia de investidura del nuevo presidente, Rodrigo Paz, este 8 de noviembre en La Paz, deseando «éxito para el bien de los bolivianos».
Estas declaraciones se produjeron poco después de que el TSJ dictaminara la liberación de Áñez, anulando la condena de 2022 en el caso denominado ‘Golpe II’ por delitos contra los deberes y la Constitución al autoproclamarse presidenta.
A mediados de octubre, la Fiscalía acusó formalmente a Morales por un delito de trata de personas agravado, vinculado a una supuesta relación con una menor en 2015, de la cual habría resultado el nacimiento de una niña. Morales, quien no se presentó a las citaciones judiciales, enfrenta además acusaciones en Argentina por presunto abuso de menores tras dos denuncias de la derecha asociada a su presidente, Javier Milei.
















