QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Ante la intensificación de las protestas por la eliminación del subsidio al diésel, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha implementado el estado de excepción en siete provincias. Los transportistas, principales impulsores de estas manifestaciones, han provocado una serie de paros que han desencadenado esta decisión gubernamental.
“La violencia y los intentos de desestabilización no serán tolerados”, afirmó la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, quien también señaló que, aunque se respeta el derecho a la protesta pacífica, se actuará contra aquellos que infrinjan las normas.
Según Rovira, el Gobierno ha intentado dialogar con los transportistas para atender sus reclamaciones. “La estrategia de algunos ha sido generar caos y paralizar servicios públicos. La respuesta del Estado siempre será el diálogo, pero no permitiremos que se juegue con la integridad de los ecuatorianos”, declaró.
El decreto afecta a las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, limitando el derecho a la libertad de reunión, aunque no el de circulación. Las Fuerzas Armadas se desplegarán en las carreteras para prevenir la violencia.
Noboa ha argumentado que el subsidio representaba “una carga” para las finanzas públicas y que se desviaba en actividades como el contrabando o la minería ilegal. Por otra parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) ha expresado su descontento, calificando la medida como un nuevo “paquetazo neoliberal” que incrementará el costo de la canasta básica y afectará negativamente a los más desfavorecidos.
Como parte de las medidas compensatorias, el Gobierno entregará un bono a 55.000 nuevas familias, realizará devoluciones directas del IVA a los mayores y compensará económicamente a 23.300 conductores de transporte público, con montos que oscilan entre 400 y 1.000 dólares mensuales.
