El tribunal chileno ha impuesto una condena de diez años de prisión a dos exmiembros del Ejército por su involucramiento en el secuestro y la desaparición de un líder social en octubre de 1973, poco después del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, instaurando la dictadura de Augusto Pinochet que se extendió hasta 1990.
La jueza especial para casos de violaciones de Derechos Humanos, Marianel Cifuentes, ha sancionado con una década de reclusión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y políticos a Francisco Ricardo Alfonso Varela Gantes, subteniente del Ejército en aquel entonces, y a Moisés Retamal Bustos, anteriormente parte de la Sección de Inteligencia del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto.
Adicionalmente, como se detalla en el comunicado del Poder Judicial, se ha ordenado a la Administración Pública el desembolso de 130 millones de pesos chilenos (unos 115.300 euros) en concepto de compensación por daño moral a los familiares de Jorge Enrique Carrión Castro, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) desaparecido a los 22 años, quien residía en Puente Alto y era casado y padre de dos hijos.
La magistrada ha declarado que los militares responsables de la custodia de los condenados detuvieron «sin derecho» a Carrión y posteriormente «lo condujeron» al campamento militar «Luis Emilio Recabarren», donde fue interrogado y «sometido a malos tratos físicos». Tras un intento de escape, fue «capturado, castigado y encerrado en un vagón de ferrocarril», siendo finalmente extraído de este y, desde ese momento, su paradero ha sido desconocido.