El tribunal de Zambia ha sentenciado a Joseph Malanji, quien fuera ministro de Exteriores entre 2018 y 2021, a cumplir cuatro años de reclusión y trabajos forzados, mientras que Fredson Yamba, exsecretario del Tesoro, ha recibido una pena de tres años bajo las mismas condiciones. Ambos fueron hallados culpables de desviar 108 millones de kwachas zambianos (3,89 millones de euros) hacia la embajada del país en Turquía, en un contexto donde el presidente Hakainde Hichilema busca erradicar la corrupción heredada de la gestión anterior.
Según se ha informado, los fiscales sostuvieron que esta transferencia de fondos contravenía las normas presupuestarias y evadía el control del parlamento. Además, a Malanji se le acusa de haber usado su influencia para adquirir activos, incluyendo helicópteros, propiedades residenciales y un hotel, lo que para la fiscalía representa un abuso de poder y una ocultación intencionada de activos, tal y como reportó el ‘Lusaka Times’.
Ante estos alegatos, la jueza Irene Wishimanga rechazó la solicitud de clemencia de los abogados defensores, quienes argumentaban que los acusados eran delincuentes primerizos y habían ocupado cargos públicos de relevancia. En lugar de ello, la jueza resaltó que las penas deberían servir tanto para castigar a los implicados como para disuadir a otros en posiciones de poder.
Estas condenas son clave en la lucha anticorrupción liderada por Hichilema, en especial contra las prácticas del pasado gobierno del Frente Patriótico, dirigido por el fallecido Edgar Lungu. Cornelius Mweetwa, portavoz gubernamental, ha celebrado la sentencia, destacando que fortalece el Estado de Derecho y confirma que nadie está exento de cumplir con la ley, sin importar su estatus político.
Por su parte, Given Lubinda, líder actual del Frente Patriótico, ha criticado la sentencia como indicativa de una justicia sesgada y ha expresado preocupación por la posible persecución de más miembros de su partido bajo la actual administración.