Tres expertos de la ONU especializados en tráfico de personas, derechos de los migrantes e independencia judicial han denunciado este martes "serias violaciones de los derechos de los niños" en los procedimientos migratorios de Estados Unidos desde el arranque del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, señalando "deportaciones ilegales" de menores no acompañados, algunos de ellos "víctimas de trata".
La relatora especial sobre la trata de personas, Siobhán Mullally; el relator sobre los Derechos Humanos de los migrantes, Gehad Madi, y la experta sobre independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, han criticado en particular la orden dictada por el Departamento de Interior de Estados Unidos el 18 de febrero de 2025, mediante la cual se instó a las organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecían asistencia jurídica a detener sus servicios y se suprimió la financiación destinada a los abogados que defendían a menores no acompañados.
Pese a que se han interpuesto recursos contra esta decisión, "muchos de los 26.000 menores afectados perdieron su asistencia legal y siguen en riesgo de expulsión forzosa a pesar de tener derecho a recibir ayuda". Según el comunicado, el tiempo medio que los menores permanecen bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados se incrementó "de uno a seis meses" entre enero y agosto del año pasado, mientras que las entregas a familiares cuidadores "disminuyeron de aproximadamente el 95% al 45%".
El texto también recoge casos en los que los menores "se encuentran recluidos en celdas sin ventanas, se les niega la atención médica adecuada y se les separa de sus padres o cuidadores durante largos periodos". Los expertos han añadido que "ha habido informes constantes de deportaciones ilegales de menores no acompañados, en incumplimiento de la obligación de no devolución, incluso de menores víctimas de trata y menores en riesgo de ser víctimas de trata de personas".
Asimismo, han aludido a informaciones que apuntan a que algunos menores habrían sido "presionados" para aceptar un pago a cambio de la autodeportación, frente a la alternativa de "enfrentarse una detención indefinida y ser transferidos a la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) al cumplir los dieciocho años".
En este escenario, los expertos han advertido de que "negar a los niños su derecho a representación legal y obligarlos a navegar por complejos procedimientos migratorios sin asistencia legal constituye una grave violación de los derechos de los niños", insistiendo en que "se deben garantizar procedimientos judiciales que tengan en cuenta las necesidades de los menores en todos los procedimientos de inmigración y asilo que los afecten".
La advertencia se produce pocos días después de la detención de un niño de cinco años en Minnesota durante una operación contra su padre, de nacionalidad ecuatoriana, por parte de agentes del ICE. La fotografía del menor, rodeado por agentes frente a un vehículo policial, se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la controvertida actuación de este organismo.